El Gobierno estudia flexibilizar el congelamiento de combustibles premium

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). El Gobierno nacional se encuentra analizando la posibilidad de implementar medidas destinadas a flexibilizar el congelamiento del precio de los combustibles, vigente desde el 15 de agosto y que se extenderá durante 90 días en total.

Según consignó la agencia Télam, las posibles medidas serían que el Estado asuma la diferencia de cotización del dólar o liberar el precio de la nafta premium -sin tocar el precio de la súper- y las ventas a sectores vinculados a la exportación como el agro y la minería. También se estudia un posible descongelamiento al gasoil mayorista.

Las fuentes oficiales consultadas indicaron que la evaluación no implica un anuncio en el corto plazo, y su potencial implementación depende de dos factores: el reacomodamiento macroeconómico y que las medidas se ajusten a las restricciones fiscales que mantendrá el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

En una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en A24 realizada el viernes por la noche, Lacunza indicó que el congelamiento “está vigente” y que “no hay ninguna novedad ahí”.

“Está definido, va a seguir. Esta no es una señal de largo plazo, es una medida de emergencia para atenuar el impacto. Los precios de los combustibles de uso particular, naftas y demás, están congelados por 90 días. Estamos viendo si afectó la ecuación del sector privado pero también de las provincias patagónicas. Lo vamos a charlar, buscar las diagonales necesarias para que las medidas no afecten a terceros, pero sí garantizaremos que el precio de surtidor no cambie“, indicó.

De hecho, las medidas consignadas por la agencia de noticias estatal fueron sugeridas al Gobierno por las empresas petroleras, que también sugirieron que la administración nacional efectúe algún tipo de compensación a las provincias que reclamaron por el congelamiento. El pasado miércoles, los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Omar Gutiérrez, respectivamente, reclamaron ante la Corte Suprema que se  se declare la inconstitucionalidad del decreto.

“El DNU que impugnamos, en tanto modifica inconstitucional y arbitrariamente, el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y –consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas e impuesto a los Ingresos Brutos que deben las concesionarias de explotación de la Provincia de Río Negro, y en su perjuicio, afectan de forma directa y actual la percepción de sus rentas públicas, que son cuantitativamente muy significativas, por ser un principal recurso corriente para atender los gastos y necesidades del Estado provincial“, sostuvo el escrito firmado por el fiscal de Estado Julián Fernández Eguía al que accedió Infobae, con el respaldo del gobernador Wereltinek.