La ANSeS desoye a la Corte: apeló 16.213 fallos en contra
En lo que va del año, por esas apelaciones, ingresaron en los juzgados de segunda instancia el récord de 16.213 sentencias que así no quedaron firmes para ser pagadas a sus beneficiarios, alargando la litigiosidad. Se trata de una cifra récord ya que representa casi un 40% más que en igual período de 2010 y supera las marcas de los años anteriores.
Por su parte, de acuerdo a las cifras de la Justicia, hasta mayo ingresaron 33.252 nuevas demandas de jubilados agregando más causas a los 465.000 juicios que se tramitan en los distintos fueros de la Seguridad Social.
A este ritmo este año se agregarían unas 90.000 demandas nuevas.
Todas estas cifras son más que relevantes porque la cantidad de juicios y las apelaciones deberían haber decrecido ya que, a partir de varias denuncias, el Gobierno se comprometió ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a no apelar los fallos favorables a los jubilados que fueran similares a los casos Badaro, Elliff, Gemelli y otros sobre los cuales la Corte Suprema ya se pronunció condenando a la ANSeS. También se comprometió a desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra las sentencias favorables a los beneficiarios.
Eso no se está cumpliendo y por eso, la ANSeS volvió a ser denunciada ante la CIDH. A todo esto se agrega que en muchos casos la ANSeS liquida mal las sentencias y eso obliga al jubilado a iniciar un nuevo juicio para que se cumpla con lo que dice el texto de la sentencia. Y además, aunque el Presupuesto de este año la ANSeS prevé cancelar una 20.000 sentencias, con los pagos de junio, en medio año habrá liquidado apenas 4.067, un 60% menos de lo presupuestado.
El fallo de la Corte intimando a la ANSeS forma parte de una causa promovida por la Defensoría del Pueblo para extender a todos los jubilados la jurisprudencia de la Justicia y evitar así que cada jubilado tenga que presentar una demanda individual sobre temas sobre los cuales el máximo Tribunal ya se pronunció a favor de los demandantes.
