5 abril, 2025

Corren peligro los internas de Agosto y las presidenciables de Octubre

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Las elecciones primarias del 14 de agosto y las presidenciales de octubre corren peligro en la Capital Federal. Así lo expuso, con un estilo directo y sin rodeos, la jueza federal María Servini de Cubría, que es también jueza electoral en el distrito porteño. La magistrada hizo un duro planteo por falta de recursos económicos en una nota enviada, el miércoles, al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Rodolfo Emilio Munné. "Cuando ya no se disponga de medios para continuar llevando a cabo las relevantes tareas que le competen [a su juzgado] la labor será interrumpida aun cuando ello implicare la suspensión de algún o de algunos de los actos eleccionarios en ciernes", subrayó la jueza, en su protesta porque el Gobierno no le gira fondos en tiempo y en forma.
En rigor, Servini de Cubría se dirigió a la instancia judicial superior a su autoridad, aunque la responsabilidad de la provisión de esos recursos no es de la Cámara Electoral, sino del gobierno nacional. Es, más precisamente, el Ministerio del Interior la repartición encargada de girar esos fondos. "Se advierte un profundo desconocimiento de la realidad inflacionaria del país en general y del distrito a mi cargo en particular", señala la jueza en otro párrafo, más cercano, tácitamente, a las mediciones de la inflación que hacen los vapuleados economistas privados que a las del increíble Indec.
La nota deja expresa constancia que se refiere a los gastos que deberán hacerse en las elecciones primarias y generales; es decir, las internas obligatorias del 14 de agosto y la primera y la eventual segunda vuelta de las presidenciales entre octubre y noviembre.
"Existen sobrados motivos de inquietud", subraya la jueza, (aunque) "este juzgado trabajará con la excelencia que lo caracteriza en tanto y en cuanto le sea posible hacerlo". Inmediatamente después, Servini de Cubría advierte que las tareas de la justicia electoral podrían ser interrumpidas, incluso cuando eso significara la suspensión de algunas o de todas las elecciones próximas.
La magistrada precisa que el envío de fondos no diferencia "fondos de funcionamiento" (los que permiten el funcionamiento permanente de la justicia electoral) y los "fondos de junta" (los destinados a los gastos de los días de elecciones).
También denuncia que los fondos se otorgan en forma trimestral, con retrasos y que no se diferencian los recursos que necesitarán las elecciones primarias de agosto de las posibles dos vueltas de las elecciones presidenciales de octubre y noviembre.
"Se advierte, remarca, que los montos de dichos fondos no guardan relación con los otorgados en anteriores procesos electorales (año 2007 y año 2009)." Además de que los montos girados son menores, la jueza destaca en ese punto "un profundo desconocimiento" del proceso inflacionario por parte de los funcionarios del Gobierno.
Los fondos
El Gobierno le giró al juzgado de Servini de Cubría, aseguraron funcionarios cercanos a ella, durante el año 2007 unos 70.000 pesos mensuales para el funcionamiento de la justicia electoral; en 2009 los giros bajaron a 58.000 pesos y las últimas remesas, que comprenden al mes de julio, previo a las primarias nacionales de agosto que se harán por primera vez, sólo contenía 25.000 pesos por mes. Para los gastos del día de las elecciones los gastos fueron los siguientes: 458.000 pesos en 2007; 400.000 pesos en 2009, y 105.000 pesos en 2011.
La jueza pidió también una remuneración no menor de 800 pesos para los delegados electorales, que son quienes supervisan los comicios en el escenario de las votaciones. El sábado previo a las elecciones deben controlar los preparativos de los comicios y el domingo trabajan todo el dia, a veces hasta la madrugada del lunes.
Esos funcionarios tienen rango permanente de secretarios judiciales. Hasta ahora, y según los recursos disponibles, los delegados electorales sólo podrían cobrar 400 pesos. En las elecciones legislativas de 2009 cobraron 800 pesos. El gobierno de la ciudad envió recursos a Servini de Cubría para pagarles 1200 pesos en las recientes elecciones porteñas.
"Se cumplieron con todos los requerimientos a las necesidades que plantearon las distintas jurisdicciones", dijo un vocero del Ministerio del Interior, consultado por LA NACION. Precisó que esa cartera le destinó a la justicia electoral nacional 21.904.103 pesos en 2007 y, en 2009, 33.268.758 pesos. En 2011 se presupuestaron 72.260.000 pesos y que ya se hicieron transferencias por 49.609.323 pesos.
Se trata de "convenios realizados a través de la Corte Suprema de Justicia, quien es la que realiza la transferencia de recursos a los 24 juzgados electorales más la Cámara Nacional Electoral", destacó.
La situación real
El juzgado de Servini de Cubría insiste en que denunció una situación real que vive la justicia electoral capitalina. "O el Gobierno no quiere que se hagan las elecciones primarias del 14 de agosto o quiere que ese día se produzca un papelón nacional para sacarle el control de los comicios a la justicia electoral", evaluó un funcionario de la justicia electoral.
La deducción de la justicia coincide en el tiempo con expresiones de dirigentes oficialistas, preocupados por los posibles resultados de las elecciones de agosto. "El peronismo está enojado con la Presidenta y nadie sabe cómo jugarán los intendentes del conurbano", dijo un importante kirchnerista.
"Podrían bajarle el precio a Cristina y subir el precio de ellos en una elección en la que no se elegirá a nadie", precisó otro funcionario que recorre el conurbano.
Esto es: los intendentes se volverían más importantes con miras a octubre en la medida que la Presidenta cosechara menos votos en agosto.
El caso de la provincia de Buenos Aires ya provocó una dura reacción del juez electoral bonaerense, Manuel Blanco, que depositó en los partidos la responsabilidad de imprimir y distribuir las boletas electorales. Su juzgado está colapsado, dijo. En verdad, sólo podrían hacer ese gasto los partidos que tienen grandes estructura y muchos recursos. Las boletas de las primarias son en colores, más caras que las habituales, y costarían, su impresión y su distribución, entre 3 y 8 millones de pesos para cada organización política, según la cantidad de listas que tenga cada una. El gobierno nacional sólo sufragará los gastos de las boletas con candidatos nacionales. Ante las quejas, la Cámara Nacional asumió esta semana la tarea de repartir esas papeletas.
En la provincia de Buenos Aires habrá 1500 boletas habilitadas, lo que convertirá a cada cuarto oscuro en un laberinto inescrutable para el votante. Sólo el Frente para la Victoria y el duhaldismo tienen unas 800 listas en conjunto. En la Capital habrá ocho boletas de candidatos a presidente y 15 boletas más para dirimir conflictos distritales de candidatos a legisladores nacionales; sólo habrá 23 boletas en cada cuarto oscuro, según LA NACIONLa improvisación en la aplicación de la nueva ley electoral y la supuesta desidia del gobierno nacional están colocando en serio riesgo, al menos, las primarias del 14 de agosto. Servini de Cubría es el segundo juez electoral que advirtió sobre las consecuencia de una elección que no parece despertar el interés de los propios gobernantes que la convocaron; Blanco fue el primero. Pero este juez no había llegado nunca tan lejos como la jueza electoral de la Capital.
Tiene desde hace años la responsabilidad de organizar las elecciones en el territorio porteño. Esta vez empezó a principios de año a enviar advertencias a la Cámara Nacional Electoral sobre las complicaciones que podría tener la organización del nuevo sistema de elecciones primarias obligatorias, abiertas y simultáneas. Ayer se conoció el más grave de esos llamados.
El texto que llegó a la Cámara: en él, la jueza se permite cuestionar los cálculos de la inflación oficial y advierte que peligran las elecciones nacionales que se harán en el distrito porteño: las primarias del 14 de agosto y las presidenciales del 23 de octubre (más el eventual ballottage).

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