Avanza una investigación a empresarios oficialistas

Los investigadores solicitaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que informara si el acogimiento de Gotti SA a la polémica moratoria impulsada por el Gobierno en 2009 abarcó todas sus deudas tributarias pendientes, por un monto multimillonario.
Tras negarlo durante años -lo que expuso incluso mediante una solicitada en la que defendió su buen nombre y repudió las versiones sobre evasión-, la constructora optó por acogerse a esa moratoria por entre 75 y 100 millones de pesos, lo que según impone la ley 26.476 podría extinguir la acción penal si cumple con todo el plan de pagos.
La duda de los investigadores, según reconstruyó LA NACION en el fuero en lo Penal Económico, pasa por la diferencia de montos en juego: la cantidad por la que se acogió a la moratoria es muy inferior a los entre 400 y 500 millones de pesos evadidos que los primeros sabuesos de la AFIP habían estimado. Sólo por evasión al IVA, en la AFIP habían cifrado el perjuicio en $ 120 millones.
El requerimiento a la AFIP se concentra en dos ejes. El primero es analizar si abarcó las eventuales deudas correspondientes a 2008; el segundo, revisar las facturas falsas que canceló Gotti para determinar si son todas las detectadas.
"Con suerte, la respuesta de la AFIP podría llegar a fines de año, antes del inicio de la feria judicial", indicó uno de los informantes, que detalló que las idas y venidas del expediente consumieron largos meses, tanto en los tribunales de Buenos Aires como en la Patagonia.
El derrotero comenzó cuando el juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, protagonizó dos planteos de competencia con un par del fuero Penal Tributario y un segundo con la justicia federal de Comodoro Rivadavia, a la que remitió un tramo por $ 62 millones. Consideró que el domicilio y centro de operaciones de la constructora era en el Sur.
Los letrados de la empresa, no obstante, rechazaron esa posibilidad y abogaron por que permaneciera en Buenos Aires, donde antes habían reubicado su domicilio fiscal, y lograron que el expediente retornara a los tribunales de la Avenida de los Inmigrantes.
En público, sin embargo, la constructora liderada por Sergio Gotti siempre negó sus problemas tributarios. En noviembre de 2008 publicó una solicitada en un diario de Río Gallegos para afirmar que no tenía "ninguna deuda, ni fiscal, ni provisional, ni aduanera" y que no había sido intimada por la AFIP, lo que calificó de versión "antojadiza".
La mudanza del domicilio fiscal a Buenos Aires también le permitió a Gotti SA que su legajo tributario recalara en la Región Sur Metropolitana de la AFIP, en manos del director Andrés Vázquez, protagonista de polémicas resonantes.
Gotti SA había quedado bajo sospecha en la "megacausa Viazzo", en honor al supuesto jefe de la usina, Roberto Viazzo, en la que se investigó a 3500 empresas por el uso de facturas falsas para elevar sus gastos, evadir impuestos y, en ciertos casos, esconder el pago de coimas.
De ésa y otra causa en las que se investigan las usinas de facturas surgen datos incómodos para el poder político y económico. Entre ellos, los vínculos entre un presunto "intermediario mayorista" de esos remitos apócrifos, Diego Díaz Bonilla, y el jefe de asesores del ministro Julio De Vido, José María Caula.
Sin embargo, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, comenzó a tomar medidas que afectaron la investigación. Así, no sólo modificó toda la línea jerárquica en la Región Sur Metropolitana, por debajo de Vázquez, que debía revisar los papeles de Gotti, sino que ordenó el retiro de los dos contadores que colaboraban con los fiscales en la "megacausa Viazzo" desde hacía años.
Al menos hasta el año 2000 inclusive, el propio Echegaray trabajó como abogado de esa constructora, según reveló Perfil, para representarla incluso ante organismos públicos como la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
En Gotti SA jamás admitieron un vínculo societario con Báez, aun cuando de los registros comerciales surgen múltiples indicios de un conglomerado empresarial. Entre otros, el mismo apoderado legal, Roberto Saldivia. Además, Báez y Sergio Gotti conformaron una constructora cercana al poder, Austral Construcciones, en mayo de 2003.
LÁZARO BÁEZ
Empresario
Origen: Santa Cruz

Amigo de Kirchner. Tenía una fluida relación personal con el ex presidente, con quien estuvo horas antes de que muriera. También compartían emprendimientos empresariales en Santa Cruz.
Construcciones. Pocos días antes de que Kirchner llegara a la Casa Rosada formó Austral Construcciones, junto con Sergio Gott .La empresa ganó una fuertísima presencia en la obra pública.
En duda. Se le atribuyen vínculos con Gotti SA, investigada por emitir facturas falsas.