Diputados aprobó la ley contra el lavado de dinero y el proyecto antiterrorismo

Tras intensas discusiones entre la oposición y el oficialismo, el pleno dela Cámarabaja aprobó por 134 votos a favor, 90 en contra y 2 abstenciones el proyecto sobre prevención y sanción del financiamiento del terrorismo. Ahora, el Senado deberá analizar el texto al semana próxima.
Para dar cumplimiento a exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno nacional envió al Parlamento propuestas para modificar dos artículos del Código Penal con el objetivo de castigar con mayor pena a los responsables de actos terroristas y a los responsables de recaudar fondos para ese tipo de hechos.
La oposición al oficialismo en el Congreso sostiene que, debido a los conceptos vertidos en la redacción, se podrían dañar los derechos constitucionales que garantizan la protesta social.
El proyecto aprobado incluye como agravante, dentro del artículo 41 del Código Penal, las penas para el terrorismo, para que queden comprendidos aquellos delitos de intimidación que tengan como finalidad aterrorizar a la población, al Gobierno y a organizaciones nacionales o internacionales.
El acto terrorista se configura ante la existencia de una asociación ilícita terrorista y que requiere una organización basada en redes internacionales, hasta ahora. Pero con la modificación cambiará la tipificación.
Las tipificaciones penales son delitos vinculados al lavado de dinero de ilícitos y al terrorismo, y que forman parte de un compromiso dela Argentinacon el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las modificaciones de los artículos 41 y 306
. Artículo 41 quinques: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional.
. Artículo 306: Será reprimido con prisión de cinco a quince años y multa de dos a diez veces el monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito que tuviera la finalidad prevista en el artículo 41 quinques, independientemente de su acaecimiento.
Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.
En cuanto al proyecto contra el lavado de dinero, el oficialismo también consiguió avanzar con esa iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. El texto aprobado busca aumentar las penas contra ese delito.
La votación en general contó con 165 adhesiones, 57 desaprobaciones y 4 abstenciones, mientras que en el debate en particular el texto no sufrió modificaciones significativas, precisó Parlamentario.com.
De acuerdo al dictamen de mayoría sancionado, se incorpora al Código Penal "las principales conductas punibles que, conjuntamente con el lavado de dinero, afectan el orden económico y financiero".
Así, una de las nuevas figuras que el Gobierno aspira introducir en la legislación vigente es la tipificación penal del delito de abuso de información privilegiada que por sus características pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables.
Al respecto, la normativa alcanzará a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad y a todo aquel que acceda a la información privilegiada por ocupar un lugar dentro de la estructura societaria en la que prestan servicios o tareas.
Las penas previstas en estos casos van de dos a cuatro años de prisión, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación especial de hasta cinco años que pueden ser agravadas por las circunstancias.
Además, entre otras, la ley propuesta introduce la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien recibiera un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.
En el marco de otra maratónica sesión, los legisladores aprobaron anoche también la iniciativa que declara de interés público la producción, fabricación y distribución del papel para diarios. El texto ya fue girado al Senado para que sea debatido la semana próxima.
De hecho, en busca de eso objetivo, la Comisión De Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta firmó anoche mismo el dictamen de ese proyecto de ley aprobado por los diputados por lo que la iniciativa quedó lista para ser tratada por todo el cuerpo en la próxima sesión.
En tanto, en el recinto de Diputados, los legisladores debaten ahora la reforma al régimen penal tributario, y también podrían tratarla Leyde Tierras y el estatuto del peón rural.