Gobierno impulsa una ley para regular la actividad de lobby: buscan crear un registro obligatorio y sanciones penales
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Gobierno impulsa una ley anti lobby: el plan de Milei para controlar reuniones entre privados y funcionarios.
La administración de Javier Milei dio un nuevo paso en materia institucional y envió al Congreso un proyecto de ley que busca regular una de las zonas históricamente más sensibles de la política argentina: la relación entre funcionarios públicos y grupos privados que intentan influir sobre decisiones del Estado. La iniciativa crea un Régimen de Gestión de Intereses, con registros obligatorios, controles cruzados, sanciones económicas y hasta consecuencias penales para quienes incumplan las nuevas reglas.
La propuesta ingresó formalmente mediante el Mensaje N°178/2026 remitido a la Cámara de Diputados y plantea un esquema integral para transparentar las interacciones entre empresas, cámaras sectoriales, consultoras, estudios jurídicos, organizaciones sociales, representantes extranjeros y autoridades nacionales.
Desde el Gobierno sostienen que actualmente existe un vacío legal que permite zonas grises en la relación entre sectores privados y funcionarios. El objetivo declarado es reducir espacios de arbitrariedad y garantizar igualdad de acceso a quienes buscan participar en procesos de formación de políticas públicas.
Qué busca cambiar la nueva ley
El texto establece que toda actividad destinada a influir sobre decisiones públicas deberá quedar registrada oficialmente. Eso incluye acciones vinculadas con:
- Elaboración y modificación de leyes.
- Contrataciones estatales.
- Licitaciones y concesiones.
- Asignación de subsidios.
- Beneficios fiscales.
- Regímenes promocionales.
- Partidas presupuestarias.
- Procesos institucionales y designaciones oficiales.
El proyecto define la “gestión de intereses” como cualquier actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia destinada a modificar, acelerar, postergar o influir sobre una decisión pública. La definición alcanza tanto a personas físicas como jurídicas, trabajen gratuitamente o reciban una contraprestación económica.
Registro obligatorio para quienes hagan lobby
Uno de los ejes centrales será la creación del Registro Público de Gestores de Intereses, una base digital abierta y gratuita donde deberán inscribirse todas las personas o entidades que desarrollen este tipo de actividades.
Cada gestor deberá informar:
- Identidad.
- CUIT o documentación equivalente.
- Domicilio legal.
- Representados o clientes.
- Beneficiarios finales.
- Actividad económica.
- Temas sobre los cuales busca incidir.
- Si actúa por intereses propios o terceros.
- Si representa intereses extranjeros.
- Si la actividad es paga o gratuita.
Además, tendrán obligación de presentar reportes trimestrales detallando organismos contactados, asuntos abordados y decisiones públicas sobre las que buscaron intervenir.
Presidente, ministros y legisladores deberán informar contactos
El proyecto incorpora una obligación directa sobre funcionarios nacionales. La iniciativa crea un Registro Público de Gestión de Intereses, donde deberán quedar asentadas las reuniones y contactos vinculados con actividades de lobby.
Quedarán alcanzados:
- Presidente.
- Vicepresidente.
- Jefe de Gabinete.
- Ministros.
- Secretarios.
- Subsecretarios.
- Directores nacionales.
- Diputados.
- Senadores.
- Funcionarios legislativos.
- Asesores con capacidad de influencia política.
Las reuniones deberán registrarse incluso cuando ocurran fuera de oficinas oficiales, de manera espontánea o en el exterior. El plazo máximo para reportarlas será de cinco días hábiles.
Intereses extranjeros bajo vigilancia especial
Uno de los capítulos más fuertes del proyecto apunta sobre la participación de actores extranjeros en decisiones locales.
La norma obliga a identificar cuando una gestión se realice en nombre de:
- Gobiernos extranjeros.
- Empresas estatales internacionales.
- Partidos políticos extranjeros.
- Organizaciones radicadas fuera del país.
- Personas no residentes que busquen influir sobre decisiones nacionales.
También habilita mayores controles cuando aparezcan cuestiones vinculadas con:
- Defensa nacional.
- Seguridad interior.
- Inteligencia.
- Relaciones exteriores.
- Infraestructura estratégica.
- Recursos naturales.
- Contrataciones públicas.
Multas millonarias y prisión
El proyecto incorpora un capítulo penal específico. Quienes desarrollen actividades de lobby sin registrarse podrán recibir condenas de entre seis meses y dos años de prisión.
Quienes oculten beneficiarios finales o falseen información vinculada con intereses extranjeros podrán enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos vitales y móviles, además de sanciones penales e inhabilitaciones.
También quedarán alcanzados ex funcionarios nacionales. El proyecto establece que quienes hayan ocupado cargos públicos no podrán actuar como gestores de intereses durante 24 meses posteriores al abandono de funciones en organismos donde tuvieron capacidad de decisión.
Un cambio institucional con impacto político
En Casa Rosada consideran que el nuevo esquema puede convertirse en una de las reformas institucionales más relevantes impulsadas durante la gestión libertaria. El Gobierno sostiene que busca fortalecer transparencia, trazabilidad y control ciudadano sobre procesos históricamente atravesados por discrecionalidad y falta de publicidad.
Ahora el debate quedará abierto en el Congreso, donde comenzará una discusión que promete atravesar intereses políticos, empresariales e institucionales de alta sensibilidad.
