Escándalo cripto: La Justicia se quedó sin fondos para investigar la ruta del caso $LIBRA
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) alertó que no puede rastrear los casi 5 millones de dólares desviados en el criptoescándalo por carecer de licencias de software clave. Diputados presentaron un reclamo urgente ante el Procurador Eduardo Casal.
El expediente judicial más sensible y de mayor trascendencia institucional del país ha entrado en una fase crítica que amenaza con paralizarlo por completo. La causa conocida como el caso $LIBRA, que investiga el presunto pacto millonario y el desvío de fondos a través del lanzamiento de un token cripto que salpica de forma directa al presidente Javier Milei y a su entorno, se topó de frente con las consecuencias del fuerte ajuste presupuestario. Tras conocerse que los organismos judiciales especializados carecen de las herramientas tecnológicas básicas para continuar la trazabilidad de los fondos, la oposición encendió las alarmas de manera unánime, denunciando que este escenario allana el camino hacia una “impunidad garantizada”.
El disparador de la polémica fue un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), donde se reconoció abiertamente que el organismo no dispone de las licencias de software pagas necesarias para desentramar la ruta de 4,7 millones de dólares que se movieron a través de complejas redes de billeteras virtuales. Al expirar las versiones de prueba de los programas informáticos forenses, los investigadores se vieron privados de los algoritmos automatizados que identifican nexos delictivos en la blockchain, una situación que detonó una inmediata contraofensiva parlamentaria encabezada por diputados de la Coalición Cívica y otras fuerzas opositoras.
“Si se frena, es impunidad”: El duro reclamo al Procurador General
La reacción legislativa no se hizo esperar. Un bloque de diputados nacionales que integraron la Comisión Investigadora del Congreso elevó una carta de carácter urgente al Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, exigiéndole la inmediata reasignación de partidas presupuestarias o el auxilio técnico necesario para que la UFECI y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) recuperen su capacidad operativa. Los legisladores calificaron de “inadmisible” que la mayor pesquisa por presunto lavado de activos y tráfico de influencias de la era libertaria quede congelada por motivos puramente económicos.
“Es una afrenta institucional que en una causa donde se investiga un presunto acuerdo espurio entre el Presidente de la Nación y el criptoempresario Hayden Davis, el Estado argumente que no tiene fondos para pagar una licencia de software”, protestaron desde los pasillos parlamentarios. Para la oposición, la inacción y el desfinanciamiento judicial configuran un mecanismo encubierto para dilatar los peritajes sobre los teléfonos de lobistas clave, como Mauricio Novelli, cuyas filtraciones ya habían expuesto llamadas directas con la Casa Rosada en la noche del estallido del criptoescándalo.
El debate técnico: ¿Falta de herramientas o falta de voluntad?
A pesar de la gravedad del diagnóstico presentado por la fiscalía especializada, el debate también sumó aristas técnicas que relativizan la parálisis. Diversos peritos informáticos, fiscales de otras jurisdicciones y especialistas en criptoactivos consultados coincidieron en que, si bien las plataformas pagas agilizan los tiempos de rastreo de las billeteras virtuales al asociarlas de forma automática con titulares o ilícitos previos, la blockchain es una base de datos pública y cronológica. Por ende, la falta de presupuesto no impide de forma absoluta la investigación, sino que obliga a los sabuesos judiciales a realizar un minucioso y desgastante trabajo “manual” para mapear las transacciones.
Sin embargo, el volumen descomunal de operaciones por segundo y la fragmentación de los montos en flujos más pequeños para disimular su origen, maniobra típica del smurfing o pitufeo financiero, hacen que el rastreo manual sea una tarea colosal que demandaría meses o años. En el plano político, el Gobierno nacional ha mantenido su postura de negar la existencia de cualquier contrato con Davis, respaldando su propia auditoría interna y minimizando los giros detectados en billeteras ligadas a funcionarios del Ejecutivo. Con este nuevo frente de tormenta presupuestaria, la justicia se debate entre acelerar las pericias o ver cómo el caso más explosivo del año se diluye en la burocracia estatal.
