Aníbal Fernández dará examen ante el Senado 4 meses más tarde

Nueve meses después de su última presentación y cuatro meses más tarde de lo que establece la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, volverá al Senado para dar un informe de gestión. El manejo de los recursos de la Anses y de las reservas del Banco Central; la reprogramación de las deudas provinciales anunciada por el Gobierno, la situación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desde la intervención oficial, y la relación con Venezuela son algunos de los temas sobre los que la oposición espera respuestas del jefe de Gabinete.
Fernández concurrirá al recinto de la Cámara alta según lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución, que señala que el jefe de Ministros “debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del Gobierno”.
Los radicales se dividieron tareas. El cuestionario del bloque que conduce el jujeño Gerardo Morales, está centrado en lo que el legislador llama "el manejo de la caja K". "¿El gobierno nacional piensa continuar utilizando recursos del Banco Central, la Anses o el Banco Nación para financiar su déficit? En caso afirmativo, ¿cuáles son los montos reales previstos para 2010?, pregunta el radicalismo.
La situación del Indec, intervenido por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, desde enero de 2007, también ocupa un lugar central. El bloque quiere el detalle de trabajadores despedidos y desplazados, con las causales de cada caso, desde el desembarco del Gobierno en el organismo. Además, exige precisiones sobre el Censo 2010 que el organismo prepara para octubre próximo en medio de los cuestionamiento por el falseamiento de las estadísticas, sobre todo del Indice de Precios al Consumidor (IPC).
El radicalismo espera además respuestas sobre la relación con Venezuela, que volvió al centro de la escena con la reactivación de la causa por el supuesto pago de coimas para comerciar con el país vecino.
En relación al fideicomiso encargado de la operatoria de intercambio comercial compensado entre Argentina y Venezuela, originada en la importación de combustibles de PDVSA por parte de la secretaría de Energía de la Nación, CAMMESA y ENARSA, Morales quiere una caracterización minuciosa de su operatoria desde el 2003 con:
* El detalle de las operaciones de importación y exportación
* El manejo financiero del fondo
* Las oficinas abiertas en Venezuela, Argentina, Estados Unidos u otros destinos
* El listado de consultoras, empresas de asesoramiento en marketing, publicidad, etc
* Cuales fueron cámaras empresariales vinculadas.
Sobre el manejo de los activos de la ANSES en el Fondo de Sustentabilidad, Morales pide información sobre la utilización de los recursos en los planes de:
* Portafolio de inversiones, detalle de la cantidad de activos que lo componen a la fecha
* Las inversiones en fondos líquidos e instrumentos financieros en los que están invertidos los recursos, activos extranjeros, empresas y sociedades
* El “Plan Obras para todos los Argentinos”, monto financiado o a financiar por ANSES y aclaración de las restantes condiciones del financiamiento
* El detalle de los recursos destinados a la reconversión del Plan Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, explicación de las condiciones de financiamiento.
Por su parte el senador Arturo Vera (UCR- Entre Ríos), focalizó su cuestionario en el ministerio de Defensa. En ese sentido,el entrerriano quiere saber:
* Sobre las razones del incumplimiento del envío al Congreso Nacional del Programa de Ejercitaciones Combinadas los últimos tres años.
* Detalles de las contrataciones de la cartera respecto del proyecto Patrullero Oceánico Multipropósito (POM) para la construcción de barcos de calado más limitado que los de los grandes buques de guerra.
* La práctica de pesca ilegal, contrabando u otras actividades ilegales
* Si se han pagado franquicias en las operaciones para la contratación de los buques del POM, por 2.730.000 euros a los astilleros chilenos ASMAR de Chile, y de 500.000 euros a la alemana Ferrostaall Argentina SA.
En tanto el senador José Cano pide información sobre:
* La relación entre la Nación y las provincias.
* Detalle de las deudas que mantienen las provincias con la Nación
* Un informe sobre la distribución de los ATN desde enero del 2008.
El legislador tucumano quiere que Fernández explique detalladamente tambien todas las trasferencias a las obras sociales desde enero del 2008 a la fecha. Un detallado informe sobre las administraciones de todos los fondos fiduciarios en los que interviene el gobierno nacional, que son el de Desarrollo Provincial; Para la Reconstrucción de Empresas; Infraestructura Regional; De Capital Social; Promoción Científica y Técnica; Para el Transporte Eléctrica Federal; Sistema Infraestructura Transporte; De Infraestructura Hídrica; FOGAPYME; FONAPYME; Recuperación de la Actividad Ovina; Secretaría de Hacienda BICE; Consumo Residencial de Gas; Refinanciación Hipotecaria; Promoción Industria Software; y Consumos Residenciales GLP Ley 26.020.
Cano quiere saber las transferencias a las empresas de servicios públicos que reciben recursos del Estado nacional, tales como CAMMESA; ENARSA; Ente Binacional Yacyretá; Nucleoeléctrica S.A.; diversas proveedoras de combustibles líquidos; Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal; YCF; y concesionarios de trenes y subtes (Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte Administradora Ferroviaria S.E.; Operador Ferroviario S.E.; Aerolíneas Argentinas S.A.; LAFSA; FFCC Gral. Belgrano), así como también sobre las compensaciones a petroleras y otras empresas públicas como AySA, el Sistema Nacional de Medios Públicos, TELAM S.E. o entidades de los sectores agroalimentario, rural, forestal e industrial.
El desdendeudamiento provincial será tema del socialismo. El senador Rubén Giustiniani (Santa Fe) quiere saber qué mecanismos de compensación están previstos para las provincias que quedaron afuera del programa de desendeudamiento que Cristina Kirchner anunció a principios de mes y que, justamente, deja afuera a su distrito.
Hilda "Chiche" Duhalde (PJ-Buenos Aires) pidió a Aníbal Fernández el detalle de las transferencias automáticas a las provincias en concepto de coparticipación entre 2007 y la actualidad. El radicalismo, por su parte, quiere ver los montos de las deudas que las provincias mantienen con la Nación y precisiones sobre la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde enero de 2008. Justamente, la oposición espera avanzar antes del Mundial con un proyecto que obliga al Poder Ejecutivo a repartir los ATN no devengados durante el año pasado y lo que va del presente ejercicio fiscal, según el índice de coparticipación de impuestos, según La Nación.
La asignación por hijo aparece como otro denominador común. Duhalde quiere saber cuánto aumentó la matrícula escolar desde que se puso en marcha el programa de asistencia que prevé el pago de $180 pesos. Giustiniani se pregunta cómo hará el Gobierno para hacer frente a esa suba en la cantidad de niños y jóvenes inscriptos en los establecimientos educativos.
Asimismo, Aníbal Fernández deberá dar detalles sobre el reparto de la publicidad oficial que retacea por otras vías como los pedidos de acceso a la información pública.
El tema figura en el cuestionario del senador Samuel Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal-Ciudad de Buenos Aires). El legislador se pregunta por los "criterios" para distribuir la pauta oficial. "Chiche" Duhalde avanza y pide detalles sobre los porcentajes y montos entregados a cada medio.
Moción de Censura
Mientras tanto, sigue latente La posibilidad de moción de censura el ministro de bigote.
A mediados del mes de Abril de este año 2010, la UCR planteó una "moción de censura" contra Aníbal Fernández y pidió su remoción. Lo acusan de "descalificar públicamente" a Julio Cobos y al Senado. Además, le endilgan haberle ordenado a la Policía Federal que incumpla una orden judicial.
El proyecto de la UCR dice que la moción es "por haber descalificado públicamente al presidente del Honorable Senado de la Nación y a la Cámara de Senadores, como así también por haber ordenado incumplir con una orden judicial, arrogándose funciones judiciales que tiene prohibidas por la Constitución nacional y conculcando con este accionar la división de poderes establecida en nuestra República".
Lo firman el titular de la bancada, Gerardo Morales, y los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero de Mendoza, el chaqueño Roy Nikisch, Luís Naidenoff de Formosa, Ramón Mestre de Córdoba, el santiagueño Emilio Rached, el pampeano Juan Carlos Marino, el santacruceño Alfredo Martínez, Mario Cimadevilla de Chubut, Eugenio "Nito" Artaza de Corrientes y el entrerriano Arturo Vera, junto a los senadores del Frente Cívico de Catamarca, Oscar Castillo y Blanca Monllau.
Dos ejes motivan la iniciativa de alto voltaje institucional. Por un lado, los dichos, vertidos permanentementes de Aníbal Fernández contra el presidente del Senado, Julio Cobos; y, por el otro, el incumplimiento, que el propio funcionario admitió, de la orden Judicial de allanar la sede de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, en diciembre pasado.
El conflicto se desató cuando el magistrado José Sudera dispuso poner en funciones a los representantes de la lista Celeste, que -según la Justicia del Trabajo- había triunfado en las elecciones de Aeronavegantes, decisión judicial fue ratificada por un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo", afirman y añaden que "ante tal accionar el juez denunció por desobediencia al comisario José Luis Villamayor, quien se negó a habilitar la entrada al edificio del gremio y quien manifestó que el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández había dado la indicación de que el Magistrado se contacte con su persona" ya que calificaba la orden judicial como inconstitucional.
La moción de censura fue incluida en la reforma constitucional de 1994 como parte de los acuerdos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. En busca de darle mayor fortaleza al Congreso en su relación de poder con el Ejecutivo, se la incluyó en los artículos 71 y 101 de la Constitución de la Nación Argentina.
El artículo 71 establece que "cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes". En el 101, donde está "la obligación del Jefe de Gabinete de concurrir al Congreso al menos una vez por mes, dice que el funcionario "puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras".
Las dificultades para reunir los 37 votos de mayoría en el Senado, hace que por ahora, solo por ahora, los radicales descarten esa estrategia.