Avanzó en el Senado el traspaso de las competencias penales para la Ciudad

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires reclama desde hace tiempo el traspaso de competencias penales. Ocurre que la reforma constitucional del año 1994 consagró la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires (artículo 129 de la Constitución Nacional), contribuyendo, de ese modo, al fortalecimiento del sistema federal argentino.
En ese marco constitucional, se ha iniciado un traspaso de competencias ordinarias al ámbito local con la aprobación del Convenio suscripto el 7 de diciembre de 2000 entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificado por Ley Nacional Nº 25.752 y Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 597, respectivamente. Las atribuciones para convenir la transferencia ordenada de competencias, a su vez, resultan del art. 129 de la Constitución Nacional, del art. 6º de la ley 24.588, y de la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El referido convenio estableció las bases para el comienzo de ejecución de la transferencia de competencias jurisdiccionales en lo penal, y para una práctica de acuerdos interjurisdiccionales, facultando a los firmantes a acordar directamente las modalidades específicas de la transferencia de las competencias, en forma ordenada y progresiva, garantizando en el período de transición una administración de justicia que no se vea alterada en su prestación por los cambios jurisdiccionales que sean llevados a cabo.
Para ello, se avanza en el sentido de una transferencia gradual de competencias, comenzando por traspasar el juzgamiento de aquellas conductas para las cuales la Ciudad cuenta con una infraestructura o servicios adecuados, relacionadas a materias en las que la autoridad local posee atribuciones que constituyen manifestaciones concretas de su poder de policía.
El proyecto pertenece a los senadores oficialistas Daniel Filmus y Miguel Ángel Pichetto, y cuenta con el aval de la oposición, de la Federación Argentina de la Magistratura y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
De ser aprobada, la iniciativa se convertiría en el tercer convenio de transferencia de facultades penales a Buenos Aires, luego de las concedidas en 2000 y en 2004.
En esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, el proyecto establece que la cesión de facultades se haga con los recursos necesarios, lo que abrirá una discusión entre la nación y la ciudad por el monto a transferir.
Según el proyecto, se transfieren alrededor de 27 delitos, entre los que sobresalen aquellos cometidos por funcionarios públicos o contra la administración porteña.
También se incluyen delitos complementarios de transferencias anteriores, como los de lesiones, duelo, abuso de armas, violación de domicilio, incendio, actos discriminatorios y delitos en el deporte.
Finalmente, se mencionan actos tipificados en el código penal como atentado y resistencia contra la autoridad, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, prevaricato y falsificación de documentos, entre otros.
"A partir de la sanción de esta Ley, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires pasará a investigar 30 mil causas de las 15 mil que tiene actualmente. Espero que los recursos para hacer frente a esos números no salgan del dinero que debe transferirse a las provincias", expresó la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la justicialista federal Sonia Escudero.
La legisladora aclaró, por otra parte, que debían hacerse algunos ajustes al texto entre los que mencionó la inclusión de ciertos delitos vinculados con armas que no fueron contemplados en el proyecto original, excepto claro está los de competencia federal. Asimismo, aclaró que la Ciudad de Buenos Aires debe adherir a la norma nacional de desfederalización de delitos menores de estupefacientes (Ley Nº 26.052) –incluidos en la iniciativa-, tal como lo hizo la provincia de Buenos Aires.
Por último, Escudero explicó que se incluirá en la norma la posibilidad de que los jueces nacionales en lo Correccional que hoy tienen a su cargo los delitos penales que serán transferidos, puedan solicitar su traslado al fuero de la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.
Al respecto, el ministro Montenegro adelantó que "habría que hacer acuerdos con la Nación para establecer el monto del dinero del traspaso de las competencias", y recordó que "este proyecto elimina ese conflicto porque no hay dudas de que este traspaso debe ser con recursos".
"No hubo efectiva realización de partidas presupuestarias que acompañaron a los dos convenios previos, lamentablemente", resaltó. No obstante, sostuvo que "debemos seguir avanzando con la transferencia de las competencias".
A su turno, el presidente de la Comisión de Fortalecimiento Institucional del Consejo de la Magistratura del gobierno de la Ciudad, Julio De Giovanni, mencionó su acuerdo con la norma y agregó: "Queremos el reconocimiento de los derechos que tienen los ciudadanos de las otras provincias".
"Es una vieja aspiración nuestra”, insistió De Giovanni, al tiempo que expresó su deseo de ver sancionada la norma en ambas cámaras del Congreso este mismo año.
Estuvieron presentes, además, Carlos Lami y Pablo Vázquez, vicepresidente primero y secretario de Políticas Judiciales de la Federación Argentina de la Magistratura, respectivamente; Teresa Moya, presidente del Consejo de la Magistratura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Daniel Presti, subsecretario de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y los senadores nacionales Daniel Filmus (Capital/FPV), Samuel Cabanchik (Capital/Buenos Aires Federal), Luis Juez (Córdoba/Frente Cívico), Lucía Corpacci (Catamarca/PFV) y Mario Cimadevilla (Chubut/UCR).
Lea al pie de esta nota, el proyecto que impulsan los seandores Daniel Filmus y Miguel Ángel Pichetto.