Diputados buscan reformar el Consejo de la Magistratura
Alentado por el éxito que tuvo la semana pasada con la aprobación de la eliminación de superpoderes del Poder Ejecutivo para mover partidas presupuestarias y que la presidente Cristina de Kirchner amenaza con vetar si avanza en el Senado de la Nación, la oposición intentará aprobar, este miércoles 30/06 el proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura.
Antes de la sesión que está prevista para las 15 horas, se realizará una nueva reunión de labor parlamentaria, con los jefes de todos los bloques, para terminar de armar el orden del día de la sesión. Ocurre que este martes 29/06, el oficialismo no asistió a la reunión programada para las 18 horas, en represalia al dictamen opositor alcanzado en la Comisión de Previsión y Seguridad a favor de implementar una jubilación mínima del 82 por ciento móvil.
El pasado 7 de junio y luego de intensas negociaciones con el bloque de centro izquierza de Fernando Pino Solanas y Compañía el grupo A opositor, logró emitir un dictamen conjunto para sancionar una reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de los procesos de selección y acusación de magistrados.
La oposición quiere un Consejo de la magistratura integrado por 18 miembros:
4 magistrados (incluido el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6 legisladores (3 senadores y 3 diputados) de las tres primeras minorías. No es obligación que los designados tengan el título de abogado.
4 abogados.
3 académicos (2 abogados y 1 de las ciencias sociales y humanidades)
1 representante del Poder Ejecutivo (no tendrá derecho a voto para el proceso de selección y de remoción).
El tema tiene pedido de preferencia y su tratamiento se realizarà en la sesiòn de este mièrcoles 30/06.
La propuesta tiene tres ejes:
> Una nueva composición del órgano (el proyecto propone reducir el número de representantes del oficialismo y terminar así con el poder de veto)
>celeridad en la selección (para evitar que los juzgados queden acéfalos varios años, se prevé realizar los exámenes por anticipado)
>las investigaciones contra los jueces podrán durar como máximo un año(se busca evitar que se mantengan abiertas como una herramienta de amenaza).
