Gualeguaychú: la Justicia descartó delito por parte de los asambleístas

Cuatro días antes de la reunión entre los asambleístas de Gualeguaychú y el canciller Héctor Timerman, las bajas expectativas prevalecen entre quienes llevaron a cabo el corte de la Ruta 136 camino a Fray Bentos, donde está instalada la pastera UPM (ex Botnia).
Mientras la Justicia rechazó llamar a indagatoria al grupo de denunciados por el Gobierno pero aceptó al Gobierno como querellante en la demanda, los ánimos entre los que fogonearon la lucha no son los mejores.
Para la asambleísta Ivana Vilche “está todo demasiado maniobrado” por el Gobierno. “Quieren empezar a intimidar y asustar. Es decir, aunque no sea explícito, van a pedir que no volvamos a la ruta para frenar la querella”, explicó a PERFIL.
Paola Robles, una de las asambleístas denunciadas por el Gobierno, coincidió: “No estoy para nada esperanzada con lo que pueda pasar, nosotros abrimos las negociaciones y esperamos que el Gobierno aproveche esta instancia”
“Estamos desgastados, esperemos que se encamine todo con una propuesta seria porque estamos cansados de promesas incumplidas. Lo que va a definir esto son los hechos, si no no vamos avanzar”, compartió Jorge Fritzler, uno de los más mediáticos de la Asamblea, ante una consulta de este diario. “No sabemos cuál es la idea que tiene Timerman, se supone que hay una propuesta superadora. Pero queremos que no impulsen la causa y que se avance con el monitoreo”, dijo Robles; y agregó: “Aunque creo que no alcanza si no se aplica el Código Aduanero para que las empresas argentinas no importen material, como maderas y químicos, y a su vez las papeleras nacionales no le compren a Botnia”.
Para Vilche “lo único que podemos hacer es seguir con nuestro reclamo y que el Gobierno reconozca que Botnia contamina. Si se quiere controlar, obviamente tiene que ser dentro de la planta”.
Fritzler completó: “En realidad, más que monitoreo hay que hablar de vigilancia para detectar la contaminación. Y tiene que ser dentro de la planta. Pero también hay que saber quiénes, cómo, cuándo”.
El miércoles pasado la Asamblea había decidido enviar a diez representantes para que el martes a las 10 de la mañana concurran al encuentro con el canciller. Sin embargo, ahora, tras la sorpresa que causó la lista de nombres, buscarán que todos los querellados participen del cónclave.También discutirán si es pertinente reclamar ante Timerman por las causas iniciadas por el corte.
La Justicia aceptó al Gobierno nacional como querellante en la causa que se le sigue a un grupo de asambleístas de Gualeguaychú por el corte de la Ruta 136. El Ejecutivo había decidido denunciarlos por “sedición, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito y atentados al orden público”, entre otros cargos.
Sin embargo, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, se negó a llamar a indagatoria a los asambleístas. Incluso el fallo descarta que los asambleístas hubieran cometido, hasta ahora, algún delito durante los años de bloqueo del paso internacional.
Ambas decisiones fueron tomadas por el juez federal Gustavo Pimentel en una resolución de 11 páginas firmada ayer. El procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, había pedido la indagatoria de los asambleístas Jorge Fritzler, Sira Nidia Muñoz, Osvaldo Fernández, Juan Ferrari, Ana María Acosta, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandro Crimella y José Gómez.