La oposición pide la extradición del chileno Apablaza Guerra

Respecto del pedido de extradición de Sergio Galvarino Apablaza Guerra solicitado por la República de Chile, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica manifiesta que el Poder Ejecutivo debe acceder al reclamo chileno debido a las siguientes razones:
> Este pedido de extradición realizado por el presidente Sebastián Piñera es el tercero que realiza Chile, tras los efectuados con anterioridad por los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, todos ellos elegidos por el voto del Pueblo.
> La Corte Suprema de Justicia se ha manifestado en favor de este reclamo de la República de Chile, lo hizo resguardando la atribución del Poder Ejecutivo de concederle la categoría de refugiado político.
> Los delitos atribuídos a Sergio Galvarino Apablaza Guerra fueron cometidos en democracia.
> Ni la figura del asilo político, ni la del refugio político del derecho internacional comprende la situación de Apablaza Guerra ya que el sostén de estas figuras es la inexistencia de garantías judiciales en el país que lo requiere.
El bloque de Elisa Carrió señalò en un comunicado de prensa que "constituiría un agravio a la República de Chile que la Argentina no conceda la extradición luego de invocar la figura del refugio político porque estaría considerando que no existen garantías judiciales en aquel país".
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó la extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra, ex jefe del subversivo Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que asesinó en Santiago al senador derechista Jaime Guzmán Errázuriz, informaron hoy fuentes judiciales.
El Gobierno de Chile había requerido que sea trasladado a ese país para juzgarlo por el atentado contra el senador cometido en 1991, precisó el Centro de Información Judicial y aclaró que la decisión final de su extradición está en manos de la presidenta argentina, Cristina Fernández.
Quien fuera líder del FPMR estuvo detenido durante ocho meses en 2004 en Buenos Aires y al cabo de un juicio, el juez federal Claudio Bonadío rechazó en 2005 su extradición a Chile por entender que en ese país se había afectado su derecho al debido proceso y a la defensa.
En ese momento, el magistrado ordenó que Apablaza Guerra, conocido como "Comandante Salvador", fuese dejado en libertad y le autorizó a permanecer en el país, mientras que el Gobierno chileno apeló el fallo ante la Corte Suprema de Argentina, según la agencia EFE.
Apablaza Guerra, cuyo último domicilio conocido está situado a las afueras de Buenos Aires, solicitó al Gobierno argentino la condición de refugiado político al considerar que en su país es perseguido por las autoridades pero su pedido aún no ha sido resuelto.
La Corte Suprema argentina autorizó la extradición y señaló que la determinación final depende del Ejecutivo de Fernández en vista de los derechos que le corresponden al acusado por aplicación de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado.
Destacó que tal legislación sostiene que "ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona", según el dictamen difundido por el Centro de Información Judicial.
Esto supone que el ex líder guerrillero no será extraditado a Chile si el Gobierno de Fernández le concede la condición de refugiado.
El dictamen de la Corte argentina dispone suspender la decisión judicial de 2005 y "declarar procedente la extradición de Galvarino Sergio Apablaza Guerra solicitada por la República de Chile con la salvedad indicada".
El FPMR asesinó el 1 de abril de 1991 en Santiago al senador derechista Jaime Guzmán Errázuriz, uno de los ideólogos de la dictadura militar.
Jaime Guzmán fue fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), ideólogo del régimen que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990) y arquitecto de la Constitución que la dictadura militar impuso en 1980.
El político fue asesinado a tiros cuando salía de la Universidad Católica, en la que continuó impartiendo clases de Derecho tras ser elegido senador en 1989.
El juez de la Corte de Apelaciones de Chile, Mario Carroza, decidió reabrir el caso hace 3 semanas, tras las declaraciones desde una cárcel brasileña de Mauricio Hernández Norambuena, condenado a cadena perpetua por el crimen del senador y que cumple una sentencia por secuestro en Brasil.
Hernández Norambuena afirmó que el FPMR estaba infiltrado por agentes del Gobierno y que dos miembros del grupo, Enrique Villanueva y Agdalín Valenzuela, quienes eran informantes del "Consejo de Seguridad Pública", participaron en la planificación y ejecución del atentado.