Cristina de Kirchner ya tiene una denuncia por la muerte de Ferreyra

Más allá del costo político que representa el asesinato de Mariano Ferreyra, los Kirchner podrían tener problemas con la Justicia.
Es que el abogado Enrique Piragini denunció a Cristina de Kirchner, al jefe de Gabinete Aníbal Fernández, y al ministro de Justicia Julio Alak, por los delitos de "omisión y violación de los deberes de funcionario público".
Piragini, en representación de A.R.I.E.L. somos todos.ong, la organización no gubernamental que trabaja reclamando seguridad, radicó una denuncia criminal ante la Cámara Criminal y Correccional Federal.
La denuncia es "contra la Presidente CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, el Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. ANIBAL FERNANDEZ y el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Dr. JULIO ALAK, sus cómplices, partícipes, encubridores e instigadores, por la comisión de los delitos de OMISION Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, al no arbitrar los medios necesarios para evitar los desmanes que en la víspera, provocaran el homicidio de MARIANO FERREYRA, un militante del Partido Obrero de 23 años, que recibiera un disparo en el tórax, y lesiones a otras dos personas en el marco de la refriega sindical en torno a los reclamos de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca".
Y agrega: "La sistemática tolerancia hacia estos métodos de reclamos y protestas hizo que una vez más se produjeran hechos de extrema violencia, llevándose la vida del joven FERREYRA y las lesiones de otras dos personas, en una muestra clara de omisión de los deberes de todos aquellos funcionarios que, detentando las atribuciones para impedirlo no lo hicieron, colocando en virtual situación de abandono de persona a quienes en definitiva fueran afectados en la vida y en la salud".
El demandante recordó que "es atribución del estado el uso racional de la fuerza pública, por lo que llama la atención que no se previniera, controlara ni se interviniera para evitar estos estragos, como oportunamente se hiciera ante reclamos del gremio gastronómico donde existió represión por parte de las fuerzas policiales".
Según Piragini, "los funcionarios denunciados resultan responsables por no cumplir con su deber de vigilancia y diligencia, imponiéndose una profunda investigación para determinar sus responsabilidades e identificar a los instigadores de tales atropellos y pido asumir el rol de querellante, en aras del interés difuso ínsito en la Constitución Nacional".