Se publicó el decreto por el que el Gobierno podrá usar excedentes del presupuesto sin control
Mientras en el Congreso la oposición hará un último intento por debatir el presupuesto de 2011, el Gobierno firmó el decreto por el que podrá disponer de los excedentes del presupuesto de este año.
"Resulta urgente incorporar los créditos para atender gastos no contemplados en el presupuesto vigente, principalmente, aquellos resultantes de la política salarial para el personal dependiente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Ministerio Público, y de las prestaciones de la seguridad social, como consecuencia de diversas normas dictadas con posterioridad al envío del proyecto de ley de presupuesto del año 2010", afirma el decreto 1798/10 en su primer considerando.
La norma, que está firmada por la presidenta Cristina Kirchner y por todos los ministros de su gabinete, está acompañada por dos anexos de 400 páginas con el detalle de cómo se distribuirán las partidas que el Gobierno podrá usar sin control parlamentario.
Según los cálculos de la oposición, los fondos ascienden a 60.000 millones de pesos. El excedente se genera a partir de la subestimación de las pautas de crecimiento e inflación en el presupuesto, una práctica que el kirchnerismo repite desde hace años.
Los recursos de los que la Casa Rosada podrá disponer discrecionalmente podrían ascender a 100.000 millones. También según las estimaciones de diputados de la oposición, los excedentes no declarados en el proyecto de presupuesto para 2011 rondarán, como mínimo, los $ 35.000 millones.
Al filo del cierre del año parlamentario y sin convocatoria de sesiones extraordinarias en el horizonte, todo indica que el proyecto de presupuesto 2011 finalmente no será sancionado y que, como prevé la ley de administración financiera, el Gobierno prorrogará por decreto el presupuesto de este año.
Si se computan los excedentes tributarios que el Gobierno no ha declarado en éste y en el próximo período, podrá ejercer en 2011 un margen de maniobra discrecional de al menos $ 100.000 millones sin autorización legislativa.
