Repudian en el Congreso la ampliación del presupuesto por Decreto

Alfonso Prat Gay, (CABA-Coalición Cívica), Federico Pinedo (CABA-PRO), Miguél Ángel Giubergia (Jujuy- UCR) y Ricardo Gil Lavedra (CABA-UCR), fustigaron la medida presupuestaria de la presidente Cristina de Kirchner.
“Parece que la Presidente se salió con la suya”, ironizó Giubergia, quien señaló que Cristina de Kirchner “se victimizó, disfrazó a sus lobos de cordero y se hizo el mejor regalo de navidad, manejar los recursos de todos los argentinos a su antojo”. Para el jujeño, esta prórroga arma un presupuesto a medida del ministro de Planificación, Julio De Vido.
Apelando al humor, manifestó que “después de Papá Noel y antes de la llegada de los reyes magos, Julio De Vido, Amado Boudou y Aníbal Fernández, tienen el DNU necesario para distribuir sumas millonarias a su gusto y simpatía” y pronosticó que “el kirchnerismo seguirá profundizando su modelo de amiguismo servil para obtener voluntades con el sólo objetivo de ganar, sea como sea, las presidenciales del año que viene”.
Para Ricardo Gil Lavedra "Con un nuevo decreto, a horas de la finalización del año, el gobierno nacional ha vuelto a dar una elocuente muestra de su desprecio por la Constitución y el principio republicano de la división de poderes"
“Como ocurre desde hace varios años, la Presidenta amplió el presupuesto por decreto para asignar discrecionalmente los recursos sobrantes del ejercicio. Esos excedentes no se deben a situaciones imprevistas, sino a la deliberada subestimación de los ingresos fiscales en el presupuesto actual. De tal forma, el Poder Ejecutivo se erige inconstitucionalmente en el supremo legislador, desconociendo las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional en materia presupuestaria”,señaló el titular del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR,
“Hipócritamente –continuó- se menciona en los fundamentos de los decretos ampliatorios que los fondos reasignados están sometidos al control de la Comisión Bicameral Permanente; pero los legisladores oficialistas impiden que esta comisión funcione al no prestar siquiera el número necesario para reunirse. De este modo, se frustra el control político sobre el ejercicio de facultades legislativas por parte de la presidente”.
“De igual modo, el gobierno ha impedido que el Congreso pudiera debatir, negociar y aprobar el presupuesto para 2011, con la finalidad de mantener el corriente "al uso K", desconociendo la voluntad de los representantes del pueblo que no se subordinan a los dictados de Olivos. Así comenzaremos el año electoral, con el oficialismo sentado sobre su tótem sagrado, la caja, para lubricar lealtades y conciencias. La gran mayoría de la sociedad mira con tristeza e impotencia estas groseras e inconstitucionales manipulaciones. Nos causa una gran preocupación el ver la indiferencia de nuestras autoridades por la falta de respeto a elementales reglas institucionales”, finalizó Gil Lavedra.
Por su parte, Alfonso Prat Gay sostuvo que en base a “un rosario de decretos de necesidad y urgencia” la Presidenta cierra un año blanqueando mayores gastos a los aprobados por el presupuesto 2010” y “apropiándose de otros US$ 7.500 millones de reservas del Banco Central, y montando un endeudamiento faraónico para las obras de De Vido por US$ 26.000 millones”.
El economista de Carrió también apuntó al discurso de la Presidenta, que acusaba a la oposición de ponerle palos en la rueda. “¿Dónde están los palos si usted hace lo que se le da la gana con los recursos, reservas y empréstitos de la Nación?”, se preguntó y sentenció que con el decreto 2052/10 "queda en evidencia también la falsa victimización del oficialismo, que se quejaba de que la oposición nos quiere dejar sin presupuesto”.
Federico Pinedo, titular del bloque PRO, recordó que la Justicia, a través de la Cámara Federal, “ya condenó el uso de reservas por decreto” por lo que “es vergonzoso que la Presidente vuelva a hacer uso de este mecanismo”. Y asimismo vaticinó que esta decisión traerá como consecuencia mayor inflación. “Lamentamos que la Presidente insista con estas medidas que castigan a los sectores más vulnerables de la sociedad”.