El Gobierno pagará 800 mil pesos a familiares de victimas de la AMIA

El Gobierno confía que en este año parlamentario que se inicia el 1° de marzo se sancionará la iniciativa que establece indemnizaciones para los familiares de las víctimas de la voladura de la AMIA.
El ministro de Justicia, Julio Alak, se reunió hoy 19/01 con el titular de la DAIA, Aldo Donzis, para analizar el estado de la causa que investiga el atentado contra mutual Judia, perpetrado en 1994. Durante la hora que se extendió el encuentro, se habló además del estado del proyecto de ley que brinda indemnizaciones a los familiares de las víctimas de la voladura de la mutual judía.
En ese marco, el funcionario expresó su confianza en que este año ese proyecto será aprobado.
Se trata de una iniciativa enviada al Parlamento por el PEN, donde se hace lugar a una resolución de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reclamó medidas de reparación para "proporcionar un recurso efectivo a la víctima y a los familiares" del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 200 heridos.
En la última sesión antes de las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, el Senado aprobó el 13 de mayo y giró a Diputados un proyecto de ley para otorgar una reparación en dinero a las víctimas y allegados del ataque perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
El Estado argentino reconoció su responsabilidad por haber hecho "un deliberado encubrimiento del hecho ilícito".
El proyecto de ley otorga un beneficio de alrededor de 800 mil pesos para los herederos de las víctimas fatales del atentado. Los heridos graves recibirán el 70 por ciento de ese monto; y los heridos leves, el 60 por ciento.
La iniciativa también establece que la reparación será distribuida entre los herederos de las víctimas de acuerdo con el carácter de prelación establecido en el Código Civil.
Además, la norma establece que quienes hayan accedido al beneficio deberán desistir de cualquier acción legal y renunciar a entablar futuras acciones judiciales sobre el mismo hecho contra el Estado argentino.
Sin embargo, las víctimas podrían continuar o iniciar juicios en el ámbito penal contra los autores o encubridores del hech