La imputabilidad pone en alerta rojo a la transversalidad

La imputabilidad de menores delincuentes no es solamente la imputabilidad de menores delincuentes.
La transversalidad Cristinista (desde Horacio Verbitsky a Eugenio Raúl Zaffaroni) se encuentran en emergencia porque suponen que si pierden ese debate, no solamente sufrirán nuevas derrotas sino que el gobierno de Cristina Fernández puede avanzar hacia escenarios que ellos detestan.
Lo más grave para ellos, aunque no lo expliciten, es que Cristina Fernández haya aceptado la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los delincuentes, aunque aclarando que eso no es una política de seguridad.
Cristina Fernández aseguró, durante un acto en Florencio Varela (sur del conurbano): "Hacer una reducción de 14 a 16 parece lógico, pero sabiendo que no es una solución y no engañando a nadie. Sabemos que los 18 de ahora no son los mismos de antes, ni los 14 son los mismos. Esto lo va a discutir el Parlamento", añadió durante la firma del convenio para oficializar la Universidad Arturo Jauretche.
Entre los transversales, todo se agitó.
Antes de ir a la letra de los transversales que temen quedarse sin Cristina, es interesante recordar un fragmento del sociólogo Eduardo Fidanza (Poliarquía) en el diario La Nación:
"(…) Bien mirado, la Argentina oficial es el eslabón más débil de esta cadena. Y el síntoma de nuestra fragilidad institucional. No combate con eficacia la corrupción, que corroe sus cimientos; deja crecer la delincuencia por falta de control; no sabe qué hacer con los que reclaman más equidad en la distribución de la riqueza.
Pero además está envuelta en una confusión paradójica: cree que sus debates son decisivos para una sociedad a la que no quiere ver ni puede abarcar. Juega a pelearse mientras se multiplican las muertes y se agolpan las protestas. Es un sinsentido. En realidad, la clase gobernante comparte hoy más de lo que aparenta. Véanse, si no, las propuestas de los que competirán en octubre.
No se mejorará sobreactuando diferencias menores. La cuestión no es el diagnóstico, sino el consenso. El problema que debe resolver la Argentina oficial, si quiere fortalecerse, es otro: cómo alcanzar acuerdos para ejecutar políticas que combatan la corrupción, desarticulen la delincuencia e integren a los excluidos. Se trata de un programa acotado y realista, no de un inasible proyecto de país, que quedará para los historiadores. (…)."
Acerca del grito transversal, hay que comenzar por Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intensamente comprometido con el Cristinismo.
El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni afirmó que impulsar la baja de la edad de imputabilidad ya “lo hizo la dictadura militar en 1976, y tuvo que dar marcha atrás”.
(…) Sobre los menores, Zaffaroni dijo: “No tenemos en el país un serio problema de criminalidad violenta de adolescentes entre los 14 y los 16 años. A partir de los 16 hay responsabilidad penal plena. La delincuencia es siempre joven, pero en la franja etárea de los 16 y los 18 años para arriba. Entre los 14 y 16 tenemos muy pocos casos de homicidio, de modo que llevar eso al centro de la discusión política y postergar todo lo otro es el juego del avestruz directamente”.
“Creo que este año sería conveniente no tratar ningún tema penal, Dejen el Código Penal y la ley juvenil en paz y lo discutimos después de las elecciones. No creo que sea el marco para discutir esto porque todo se confunde con una obtención de votos y una agenda que la están marcando los medios de comunicación. Lo que le interesa a la gente son los temas que marqué antes”, afirmó el penalista.
Según Zaffaroni, “la pretensión de bajar la llamada imputabilidad es meter a los niños y a los adolescentes en el mismo Código Penal con las mismas penas que los adultos. Lo hizo la dictadura militar en 1976 y en 1980 tuvo que dar marcha atrás porque nadie puede alterar la naturaleza de las cosas. La ley penal juvenil es adecuar nuestra legislación a las garantías que exige la convención internacional, que el juez tenga que imponer una medida después de un proceso, como un adulto.
El juez consideró la tendencia de colocar a los menores en el ojo de la tormenta de los delitos violentos se debe a “que no se puede fabricar otro enemigo que resulte más peligroso o más idóneo para asumir el papel de chivo expiatorio de todo lo que está pasando en una sociedad. Se elige a alguien que se puede identificar con la delincuencia común. No tenemos terrorismo ni problemas graves de crimen organizado, entonces se identifica a los adolescentes de los barrios precarios, pero eso sucede en toda América latina. Esta es una política que nos baja de Estados Unidos”.
(…) El alto magistrado sostuvo también que algunos medios de comunicación y la policía “estigmatizan” a los menores de edad.
“Lo que llega a los Tribunales es preseleccionado por la policía, nosotros no salimos a la calle a buscar delincuentes. Es la policía la que nos trae los candidatos condenados en auto oficial”, aseguró.
Zaffaroni afirmó que “la selección estigmatizante se hace a través de las agencias policiales que operan de esa manera, tampoco por una malignidad, sino porque ¿qué es lo más fácil de hacer: pescar a un estafador internacional o a agarrar a un pibe que va por la calle con uniforme de ladrón o por portación de cara?”.
“Si a eso se le suma una cuestión mediática, cuando la noticia roja salta a la primera plana del diario, cuando a lo largo del día se regodean los servicios de noticias con el homicidio del día y lo repiten 18 veces parece que hubo 18 homicidios y hubo uno”, consideró.
El ministro dijo que “se muestra la sangre, el cadáver, el hospital, los deudos, el entierro y lo reiteran y lo reiteran, por lo que uno tiene la vivencia de que está viviendo en un mundo donde salen a la calle y lo matan”. (…)
Si en homicidios cometidos por menores tengo que aplicar cinco o diez años de cárcel, no voy a resolver nada, no voy a disminuir el riesgo de que cuando mañana esté abriendo la puerta de su casa lo asalten”, señaló. (…)".
Amigo de Zaffaroni es el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, otro transversal muy comprometido con la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad.
En su columna dominical en el paraestatal diario Página/12, Verbitsky realizó, además, una apasionada defensa de la posibilidad de que el menor Franco, asesino de Fabián Esquivel, sea inocente porque dice que no hay nada que lo incrimine. Además, en una acción muy cuestionable, mezcló el asesinato de Esquivel con la muerte de Luciano Arruga, adolescente que fue detenido y golpeado en el destacamento policial de Lomas del Mirador, acusado por el robo de celulares:
"El último capítulo del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal se edificó sobre la conmoción causada por el asesinato del empleado de la Agencia de Seguridad Vial bonaerense Fabián Esquivel, cometido la mañana del 18 de enero en el antiguo barrio platense de Tolosa, dividido entre quienes creen que todos los pibes son chorros y los que se quejan del maltrato policial. Esa discusión apasionada es representativa de la abrumadora tendencia mediática y política a trivializar las cuestiones más graves, con griterías de urgencia que impiden ver los problemas reales y demoran cualquier planteo de solución.
Crimen sin autor
Según la policía bonaerense el autor del crimen fue un chico de 15 años, al que aquí llamaremos Franco.
Antes del mediodía del 18, el jefe de la Departamental La Plata, Alejandro Moreno, ya había dicho a la agencia de noticias Télam que sus efectivos vieron escapar a tres ladrones y después de tirotearse con ellos sólo pudieron detener a uno, “que utilizaba una pistola 9 milímetros. El chico llevaba además objetos que habían sido robados de la casa de la víctima: un monitor LCD, una notebook y un mouse”.
Pero ninguna fuente policial o política explicó por qué Franco es considerado el responsable, ya que en el expediente judicial no hay una sola prueba que lo incrimine. Franco dice que la policía lo corrió cuando salía de comprar un chip para celular en un negocio del barrio.
La dueña de ese almacén-kiosco, Doña Isabel, y su empleada Yamila, lo confirmaron ante la justicia. Entre las dos mujeres hay una imprecisión de minutos. La propietaria dice que abrió el comercio a las 7:50, Franco entró a comprar el chip, pagó y se fue. Tres minutos después pesó el pan recién recibido de un proveedor y salió a la puerta a colocar el cartel del negocio.
A sus espaldas, escuchó tres tiros y un grito: “Hijo de puta, la concha de tu madre parate ahí”, pero no vio nada porque corrió asustada a esconderse debajo del mostrador. La empleada Yamila dijo que llegó tarde al trabajo, a las 8:10 y que se cruzó con Franco que salía. Ella no vio nada porque no salió del local. Los vecinos que escucharon ruidos en la casa de Esquivel comenzaron a llamar al 911 a las 8:05.
Franco vive en la misma manzana que los Esquivel y fue detenido a veinte metros del kiosco, datos que reducen aún más la verosimilitud de la versión oficial. El único testigo del asesinato fue el hijo de 11 años de la víctima, cuya declaración nadie solicitó en la causa. Según algunos vecinos, Franco y su primo Tito pasaron corriendo. Pero al ser citados a declarar, aclararon que no los habían visto y que sólo repetían lo que le escucharon a otro vecino, apodado Rabanito. Pero Rabanito dijo haber visto cuando la policía corría a Franco, no a Tito, y nada aportó sobre la autoría del homicidio.
Tentativa de secuestro
Al no haber pruebas de que Tito haya cometido algún delito, no se justifica que le impongan cualquier clase de medidas, ni de seguridad ni de “protección por derechos vulnerados”.
Sin embargo, fue víctima de una tentativa de secuestro por parte de autoridades del gobierno provincial.
La primera acta policial afirma que uno de los chicos que huían arrojó una pistola .9mm, pero según Rabanito quien tiró el arma al suelo fue Franco.
Recién el 3 de febrero se conocerán los resultados del peritaje balístico, para saber si el disparo mortal partió de esa pistola, aportada por la policía; y del peritaje hemático, que determinará si los hilitos de sangre en el bermudas y en una de las zapatillas de Franco se corresponden con el charco que empapó una cortina en la casa de Esquivel o con los leves raspones en codos y rodillas de Franco.
El chico dice que fue golpeado en la comisaría, pero la revisión médica no halló grandes lesiones. El juez decidió que los peritajes pendientes sean realizados por la asesoría pericial de Tribunales y no por la policía.
A Franco le extrajeron sangre en forma compulsiva, sin que nadie profiriera escandalizadas hipérboles sobre la libertad de los argentinos ni sofisticadas disquisiciones sobre los derechos personalísimos. Ni siquiera se comunicó la decisión a su abogado defensor, cuyo único contacto con el muchacho duró 15 minutos, en la comisaría de Tolosa.
Franco no sabía por qué estaba allí, parado y en calzoncillos. Cuando el abogado le informó que lo acusaban de homicidio cayó de cuclillas y comenzó a sollozar. El juez tampoco permitió que el defensor asistiera a las declaraciones testimoniales, de modo que no pudo repreguntar sobre las versiones contradictorias para descubrir la verdad.
Ése no era el interés de las autoridades, apresuradas por arrojar un culpable a la insaciable voracidad de la opinión pública, modelada por un sistema mediático que ha convertido en noticia imperdible cada denominado hecho de inseguridad, con lo cual la percepción social se ha independizado de la realidad que, en forma objetiva, miden las estadísticas. Ha contado para ello con la inestimable ayuda de los funcionarios nacionales que desde hace años ocultan esas cifras, con la misma lógica autoderrotista del INdEC, engrandecedora del fenómeno que intenta minimizar.
El diario La Nación tituló en su tapa del miércoles 26 que “Menores cometen el 15% de los crímenes”. Menciona como fuente las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, correspondientes al primer semestre de 2010.
En realidad se refiere al Sistema Informático de la Procuración General, que computa la cantidad de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas. El porcentaje de IPP abiertas a raíz de crímenes que habrían cometido ciudadanos de menos de 18 años, no es de 15% sino de 4,2% del total (13.708 IPP del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, sobre 328.305 IPP en total, incluyendo las del Fuero Penal).
El 15% que realza La Nación se refiere sólo a los homicidios, pero ni siquiera está bien sacado el porcentaje, que es de 13,4%. (El diario no calcula qué parte de todos los homicidios habrían sido cometidos por menores, sino qué porcentaje son éstos sobre los atribuidos a mayores de 18 años, lo cual abulta el resultado.) Para que la estadística tenga sentido es preciso conocer la proporción de menores sobre la población total de la provincia. Según el censo de 2001 es del 30%. Es decir que se trata de una categoría menos y no más peligrosa.
El eufemismo
Como Franco sólo tiene 15 años, no puede ser penalizado. Pero la fiscal reclamó que se le aplique una medida de seguridad, eufemismo que encubre la privación de la libertad sin juicio, defensa ni discusión de pruebas.
A pedido del defensor oficial, el juez de garantías de menores declaró inconstitucionales esas medidas, contempladas en los regímenes penales juveniles de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.
En el tiempo record de 12 horas una psicóloga evaluó a Franco y determinó que era peligroso para sí y para terceros, y un médico del hospital Reencuentro determinó que era adicto. Cerca de la medianoche el juez lo derivó a un instituto asistencial, que la ley vigente llama “Casa de Abrigo”, y a las 3 de la mañana a una comunidad terapéutica de Mar del Plata. Desde la ley de patronato o ley Agote, de 1919, con las modificaciones que le introdujo en 1980 el dictador Jorge Videla, la racionalización es la protección del niño.
A raíz de las versiones de los vecinos, la Dirección Departamental de Investigaciones allanó la casa de Tito, el primo de Franco, en busca de armas u objetos robados. No los encontró, pero el personal amenazó a la abuela de los dos chicos: “A Tito se lo vamos a entregar con un traje de madera y un tiro entre las cejas”.
La fiscal solicitó la detención de Tito, sin fundamentarlo ni aportar prueba alguna. El juez también la rechazó y ordenó la derivación al llamado Sistema de Promoción y Protección de Derechos, de la Subsecretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo, pese a que en la causa tampoco hay prueba de que se hayan vulnerado derechos de Tito, que padezca adicciones o no tenga vivienda.
Pese a ello, personal del Sistema Penal (y no del sistema de Promoción de Derechos) cayó cerca de la medianoche a la casa de la abuela común de los dos chicos, para llevar a Tito a una casa de abrigo en San Martín, para chicos tutelados, es decir que no han cometido delitos. (…)".
Verbitsky rescata el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que cuenta con media sanción del Senado pero luego circunscribe la cuestión a algo que el Cristinismo no logra resolver: la marginalidad, la pobreza, la problemática social, pero él se olvida de mencionar cómo todo eso se profundiza con la ausencia de orden, que no es una mala palabra porque, en definitiva, una sociedad precisa de parámetros concretos que, además, castiguen a quien no los cumple, cualquiera sea su edad y condición porque esa es, precisamente, una de las condiciones básicas para creer en el sistema.