El Gobierno quiere limitar los negocios de los "gordos" de la CGT
El Gobierno dará a conocer en las próximas semanas dos resoluciones que buscan desmantelar los negocios y el poder económico de algunos de los sindicalistas más poderosos, entre ellos el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Pondrá tope así al poderío que los sindicatos acumulan a través de su columna vertebral, las obras sociales; así publicó Perfil.
La Superintendencia de Servicios de Salud el organismo encargado de regular y controlar a las obras sociales, dirigida por el contador Ricardo Bellagio, elabora los borradores para anular cualquier posibilidad de que los sindicalistas se enriquezcan a través de sus propias obras sociales y establece una serie de prohibiciones, deberes e incompatibilidades para las autoridades, síndicos y auditores de esas instituciones. Se analiza si las resoluciones saldrán por decreto, es decir, si serán rubricadas por la Presidenta.
Entre los puntos más sensibles, se prohibirá que los presidentes de esas entidades médicas que suelen ser los secretarios generales de los gremios contraten a empresas proveedoras de su propiedad o de sus concubinas o familiares. Esta resolución anula por completo el esquema de negocios de Moyano y el holding de empresas de su esposa, Liliana Zulet, y su hijastra, Valeria Salerno, que nuclea a varias proveedoras de Oschoca, la obra social de choferes de camiones. La nueva medida mencionada por Ambito Financiero incluye prohibir que contraten a sus propias empresas de salud, como gerenciadoras, proveedoras de medicamentos o prótesis y otros insumos y servicios.
La ofensiva se da a sólo días de las primeras paritarias y en un año en el que la CGT exigirá lugares en las listas del Justicialismo. La alianza con el moyanismo entró en una fase de mayor tensión desde la muerte de Néstor Kirchner, porque Cristina mantiene un trato distante con Moyano. Esta semana no fue buena para ese vínculo: la Presidenta eludió reducir el mínimo no imponible de Ganancias, y además retó al sindicalismo por las medidas de fuerza que realiza.
La Superintendencia, un organismo que depende directamente del Ministerio de Salud, estudia prohibir que los sindicalistas gerencien, administren o dirijan más de una obra social, como se da en los casos de los dirigentes que presiden la obra social de un distrito de su gremio y la de la federación de su sindicato. Con esto, busca coartar el poder económico de algunos dirigentes y evitar que monopolicen el manejo de los fondos de sus afiliados.
También obligarán a las obras sociales a licitar sus contrataciones según los montos que impliquen y se estudia cómo se sancionará a quienes no cumplan con los nuevos reglamentos. Además, prohíbe la creación de fideicomisos, que, como en el caso de La Bancaria, permiten a los presidentes de las obras sociales manejar las finanzas a su antojo sin rendir cuentas a nadie. Los fideicomisos que ya están vigentes seguirán operando hasta su vencimiento y no podrán renovarse.
