Tensión ante el inminente desalojo en Flores, mientras la ciudad dice que no negociará
La situación por la toma de viviendas sociales en el Bajo Flores continuaba esta mañana y la tensión se acrecentaba ante el inminente desalojo de las familias que resisten en el interior del complejo habitacional construído por el gobierno porteño y cuya desocupación fue ordenada por la justicia.
La Justicia ordenó ayer el desalojo de las 204 viviendas sociales tomadas durante el último fin de semana en el Bajo Flores, que fueron construidas por el gobierno porteño para destinarlas a familias que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo.
La toma comenzó el pasado sábado a la noche, cuando decenas de familias ingresaron en el predio con el fin de apoderarse de las 204 viviendas sociales, que estaban listas para ser entregadas en un par de semanas a sus adjudicatarios, según indicaron fuentes del gobierno de la ciudad.
El predio, de aproximadamente dos hectáreas, está situado en la esquina de la avenida Lafuente y Castañares, en el límite de los barrios de Flores y Villa Soldati, una zona rodeada de monoblocks y asentamientos precarios, a menos de diez cuadras del parque Indoamericano, que en diciembre pasado fue escenario de una multitudinaria toma y de violentos enfrentamientos con un saldo de tres muertos.
La mayoría de las viviendas estaban destinadas a los vecinos de los asentamientos El Pueblito y Luján, situados a la vera del Riachuelo. Tras la toma, un cordón de efectivos de esa fuerza y de la Metropolitana impedían el ingreso de nuevas personas al lugar, dejando pasar solamente agua, comida y pañales.
El fallo, firmado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, también multa con 500 pesos diarios a la secretaria de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño, por no haber ordenado la protección por parte de la Policía Federal del complejo habitacional que iba a ser entregado dentro de 15 días.
