Bloqueo medios: fiscal intimó a comisario que "labre actuaciones"

La fiscal de la Unidad Sudeste de la Capital Federal, Marcela Solano, intimó este domingo 27/03 al comisario de la Seccional 30 a que "cumpla la Ley en todos sus términos" y que "identifique a los autores, recabe medios de prueba fotográficos y fílmicos, labre las actuaciones, intime al cese de la contravención" y, de ser necesario que disponga la "aprehensión de quien no acate las órdenes" de cese del bloqueo impuesto a la planta impresora de los diarios Clarín y Olé, según consignó DyN.
Las órdenes de la fiscal fueron simultáneas a la denuncia que realizaron representantes de Artes Gráficos Editorial Argentino (AGER) en la misma comisaría en la que se imputa penalmente a quienes produjeron el bloqueo que frenó la libre circulación de esos medios de "impedimento u obstrucción a la circulación de material periodístico y el de comunicaciones".
La fiscal Solano señaló en su escrito que a las 2.48 de la madrugada las salidas de la planta estaban "absolutamente bloqueadas" y que por entonces se habían sumado "aproximadamente unas 300 personas de una villa de emergencia lindera, como así también personas pertenecientes al sindicato de camioneros que lidera el Sr. Moyano". Los denunciantes de AGER relataron que a partir de las 21.30 había comenzado el bloqueo con neumáticos en el acceso a la imprenta ubicada en la calle Zepita 3220 del barrio de Barracas y en las esquinas del predio por parte de "alrededor de 50 personas, entre ellas mujeres y niños".
Además solicitaron que "se arbitren los medios para evitar que se sigan perpetrando los ilícitos denunciados y que se identifique a los autores, partícipes e instigadores".
En la denuncia se identificó como algunos de los responsables del piquete a miembros de la Federación Gráfica Bonaerense, entre ellos al delegado gremial Luis Siri, quien se encuentra "suspendido" en sus funciones, que cumple en otra planta en Perito Moreno y Centenera.
Los denunciantes acompañaron un fallo del juez Gastón Polo Olivera que ordenó "al demandado Luis Siri y a cualquier otra persona u organización abstenerse de toda conducta que importe impedir u obstruir el normal ingreso o egreso de personas o bienes de la planta Zepita".
También se señaló que el mismo juez Olivera notificó a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, de la sentencia judicial, "la cual se encuentra vigente" y por lo tanto "se impone su cumplimiento".
La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Correccional Número 1 a cargo de Carlos Bruniard, secretaría Fernández, en tanto la imputación del delito está prevista en los artículos 161 y 194 del Código Penal e implica para los responsables una pena de uno a tres años.