La UCR criticó el ingreso de representantes del Estado en las empresas

El jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, consideró hoy un "paso más hacia el autoritarismo" la decisión del Gobierno de disponer por decreto la ampliación de representantes estatales en compañías que cuentan con fondos de la Anses.
"No estoy en contra de que el Estado pueda intervenir en el mercado de capitales, o que las empresas puedan tomar préstamos estatales, y decidir con reglas previas hasta dónde una inversión institucional puede conceder o no derechos políticos. Ahí no hay una cosa sacrosanta, pero donde la hay es en donde se debe dar la discusión, que es en el Congreso", enfatizó.
En declaraciones radiales, Gil Lavedra señaló que el decreto 441/11 del Gobierno supone la "ausencia de respeto a un principio democrático básico, que es que las decisiones las tiene que tomar los representantes del pueblo".
"El hecho de haber dictado por enésima vez un decreto para establecer esta disposición estando el Congreso en sesiones ordinarias, es una violencia muy clara a la Constitución y a la posibilidad de que el Congreso pueda revisar" esa norma, agregó.
El legislador radical consideró que "el control político" de los actos del Ejecutivo "de parte del Congreso está clausurado", y ello está "más allá de la cuestión de si se debe estar o no en el mercado de capitales con la plata de los jubilados, si es lícito o no que el Estado acepte a Techint que le devuelva el dinero".
"Lo primero es que estas decisiones las debe tomar el Congreso, donde se reúne la pluralidad de la representación política de toda la comunidad. La Presidente no puede arrogarse esas facultades porque no las tiene, no tiene competencia para decidir esto", completó.
A comienzos de la semana, Gil Lavedra había dicho que "bajo el amparo de una absoluta falta de controles, la Presidenta continúa dictando decretos que no cumplen con los requisitos constitucionales.
El ejemplo más evidente es el reciente DNU que dispuso la ampliación de la participación del Estado en empresas privadas". "Todos los juristas independientes han criticado duramente ese decreto porque no había ni necesidad ni urgencia de dictarlo, sino un apetito desmedido de poder, ya que el Congreso está en sesiones ordinarias y no existe emergencia alguna", había expresado en una nota de opinión.