Sesiona Diputados y será ley la Regulación de las Prepagas

El proyecto que impulsa la Casa Rosada y reclama Hugo Moyano para regular la actividad de las empresas de medicina prepaga será ley este miércoles 04/05 en la Cámara de Diputados.
El Frente para la Victoria logró el quórum para comenzar la sesión especial gracias a la colaboración de los bloques del socialismo, SI, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y otras expresiones minoritarias para empezar a sesionar.
Por la mañana, la oposición falló en obtener el los 129 legisladores necesarios para realizar una sesión especial en la que se discutirían, además de los temas pretendidos por el oficialismo ( lavado de Dinero y Prepagas), el marco regulatorio de la Publicidad Oficial y los cambios al mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.
La UCR, el GEN, PRO, Proyecto Sur, Libres del Sur, Coalición Cívica y socialismo, sólo sumaron 89 diputados (se necesitaban 129) al momento en que el presidente dela Cámara, Eduardo Fellner (FPV), levantó la reunión por falta de quórum.
Prepagas
El proyecto obtuvo la última semana consenso de kirchneristas, radicales y Proyecto Sur y sólo se opuso el PRO.
La iniciativa, que afecta a cerca de 4,5 millones de afiliados, es resistida por las empresas que dicen que no podrán seguir manteniendo la calidad del servicio, debido a la complejidad y a los costos.
La futura Ley obliga a las empresas a cambiar los términos de contratación, ya que no podrán obligar a nuevos afiliados a un período de espera antes de comenzar la cobertura.
En otros puntos, las prepagas deberán cubrir todas las enfermedades previstas en el Plan Médico Obligatorio (PMO) de las Obras Sociales sindicales y no podrán fijar cuotas más altas para los pacientes que tengan más de 65 años y 10 de permanencia en el sistema.
Además, quedarán obligadas a cubrir el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.
El proyecto fue aprobado primero en la Cámara de Diputados en agosto de 2008 y en noviembre de 2010 en el Senado con cambios, por lo que ahora retornó a la Cámara Baja. Por lo tanto, los diputados ahora sólo pueden optar o por el texto original, para insistir, o por el reformado por los senadores, pero no pueden rechazarlo ni reemplazarlo.
Pese a que el actual sistema tiene como clientes de la medicina privada a muchas obras sociales sindicales que contratan los servicios para darle atención a sus afiliados, el titular de la CGT, Hugo Moyano pidió hace dos meses que se impidan los pases de las mismas hacia las prepagas. Sin embargo, la discusión actual no prevé esta posibilidad.
Los empresarios del sector rechazan el proyecto por considerarlo que es un ataque del Estado a contratos celebrados entre privados y aducen que si cualquiera puede entrar al sistema sin restricciones y la autoridad regulatoria fija las cuotas el sector desaparecería.
En cambio, dicen, si se producen ingresos masivos y no se permite el ajuste a los mayores de 65 años, los valores deberían subir tanto que se produciría una fuga masiva de afiliados, lo que haría colapsar las otras patas del sistema de salud.
Aunque consienten en que la actividad debería regularse, el sector pide que la discusión en el Congreso sea parte de un tratamiento general para todo el sistema de salud, una legislación que incluya a los hospitales públicos de comunidad y a las Obras Sociales sindicales, para asegurarle a toda la población ese derecho básico.
Los puntos claves
> Obliga a las empresas de medicina prepaga a cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio (PMO) y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.
> Los contratos entre las prepagas y los usuarios no pueden incluir períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se incluyan en el Programa Médico Obligatorio.
> Las prestaciones de las empresas de medicina prepaga no podrán ser inferiores al PMO de las obras sociales sindicales.
> Los contratos de prestaciones deben ser autorizados por el Ministerio de Salud, además de que los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna.
> La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión
> Las empresas no puedan rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes
> A los mayores de 65 años con al menos diez años de antigüedad en la cobertura no se les puede aumentar la cuota
> Se impondrían mecanismos para que desde el Gobierno se autorice o no el aumento de las cuotas.
Muchas de las cláusulas del proyecto fueron criticadas por la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales y cuestionadas por algunas empresas de medicina prepaga por ver que los costos del sistema se encarecerían, llevaría a ajustes de calidad de los servicios y resultaría en la quiebra del sector.
Los reclamos de Moyano
Hugo Moyano le reclama al Gobierno medidas concretas para frenar la migración constante de los afiliados de las obras sociales sindicales a las empresas privadas.
El titular de la CGT quiere una compensación de 600 millones de dólares por las pérdidas que le generaron el traspaso de los trabajadores a la medicina prepaga.
El reclamo es por los aportes que pierden por los pases a la medicina privada. La cifra surge de multiplicar los 436.579 afiliados por el aporte promedio mensual de 400 pesos que en 2010 dejaron las obras sociales.
En ese sentido, la CGT estima que cada afiliado traspasó alrededor de 5.200 pesos anuales a obras sociales que los captaron mediante contratos de asociación o colaboración con las prepagas.
Lavado
El proyecto propone que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y condena del delito de autolavado.
Hasta el momento, de acuerdo con la ley 25.246, sancionada el 13 de abril de 2000, se puede penar de 2 a 10 años de prisión el lavado de dinero pero “para castigar el lavado tiene que demostrarse la existencia de un delito preexistente, por ejemplo el narcotráfico”.
La nueva norma propone ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria.
El proyecto que ingresó el 23 de junio de 2010 con la firma de la Presidente Cristina Fernández, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el Ministro de Justicia, Julio Alak, propone la modificación de la tipificación del delito de lavado de activos y pena con prisión de 2 a 10 años a quien conviertiere, tranfiriere, administrare, vendiere, aplicare, de cualquier modo dinero u otras clases de bienes proveniente de un delito y siempre que el valor la suma supere los 200 mil pesos, en un solo acto o por reiteración de hechos diversos vinculados entre si.
El proyecto de ley deja en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), el análisis, el tratamiento y la transmisión de de información a efectos de prevenir e impedir delitos provenientes del narcotráficos y comercialización de estupefacientes, del contrabando de armas, del fraude de la Administración Pública, de la prostitución de menores y pornogafía infantil.
La UIF estará facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que considere útil para el cumpliento de sus funciones.
En caso de una operacion sospechosa la Administración de Ingresos Públicos, deberá revelar el secreto fiscal de las personas físicas o jurídica involucradas en el hecho.
La persona que física o jurídica que incumpla algunas de las obligaciones de informaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF), será sancionada con multas de una 10 veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito grave.
Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes la multa será de 10 mil a 100 mil pesos.
Desde el año 2000 Argentina forma parte de del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI) y por tal mantiene una participación activa de las reuniones plenarias. En el año 1990 el organismo internacional ha dictado más de 40 recomendaciones sobre lavado de activos a las que se suman las 9 añadidas en el año 2001, relacionadas con la rpevencion de la financiacion del terrorismo. Si bien las recomendaciones no son vinculantes (obligatorias), se exige a los países miembros que respondan en funcion de los estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando, en forma permanente, su sistema preventio y represivo.
Más alla del proyecto del PE, hay otra iniciativa de la diputada Elisa Carrió, que propone eliminar la Unidad de Información Financiera (UIF ) y crear una Agencia de Inteligencia Financiera, dependiente del Congreso. Y separar el lavado del encubrimiento agravado, como en la actualidad.
Resta discutir quién será el encargado de perseguir a los acusados por lavado de dinero. Mientras el oficialismo quiere dejarlo en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por José Sbatella, la oposición reclama que su titular sea o bien elegido por el Ejecutivo a partir de una terna impulsada por el Congreso, o bien escogido a partir de un concurso público.