Cristina busca la vía para intervenir los gremios rebeldes

El Gobierno consultó a la Corte Suprema de Justicia para conocer su posición frente a un proyecto para pegar directo al corazón del poder gremial. La consulta llegó a la Corte a través de un ministro del Gabinete con asiduo diálogo con uno de los jueces del máximo tribunal. El ministro buscaba saber cómo vería la Corte un proyecto de Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que le diera a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el poder de intervenir un sindicato o quitarle su personería gremial ante un conflicto, huelga o interrupción de servicios públicos declarados esenciales.
La idea de consultar al ministro de la Corte habría salido de la Secretaría de Transporte que preside Juan Pablo Schiavi, según aseguraron a PERFIL fuentes sindicales. Por eso, también aseguran que el Gobierno piensa en la posibilidad de declarar al transporte como servicio esencial o de importancia trascendental, y que consultaron a la Corte porque si el proyecto se concretara los sindicatos apelarían a la Justicia.
Según pudo reconstruir este diario, la consulta llegó a los oídos de dos sectores gremiales enfrentados: el moyanismo y el barrionuevismo. El entorno de Hugo Moyano se enteró el viernes 18 por la mañana, de fuentes judiciales. Al día siguiente, por la noche, en un evento social que congregó al diversos sectores del poder para una celebración, empresarios allegados al Gobierno lo contaron al oído del sector de Luis Barrionuevo, que dirige la CGT Azul y Blanca.
En la Corte Suprema no lo negaron ni lo descartaron. “Es posible”, deslizaron en el máximo tribunal.
Actualmente, los servicios esenciales establecidos por ley son el servicio de agua potable, gas, luz eléctrica, servicio hospitalario y control de tráfico aéreo. Los gremios de esos rubros están obligados a garantizar un servicio mínimo ante conflictos con las empresas o el Estado.
Luego del enfrentamiento por Aerolíneas Argentinas, el Gobierno denunció a la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA) ante la Justicia para quitarle la personería, acusándola de violar una conciliación obligatoria. La consulta del Gobierno a la Corte fue en ese contexto.
Muy cerca de Moyano, que a partir de mayo asumiría como secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), creen que el proyecto apunta a “golpear a los gremios” y hablan de otras ideas que rondan la cabeza del cristinismo. “Además de este DNU, también analizan medidas como la democratización de los gremios y que los secretarios generales de los sindicatos no puedan tener más de dos mandatos seguidos”, confió una fuente del moyanismo a PERFIL.
“En la medida en que el Gobierno va teniendo problemas con determinados gremios, los va identificando y les pega. La embestida es parcial y se va a ir profundizando contra algunos sectores pero no contra todo el sindicalismo”, analizó un viejo pope gremial con buena relación con el Gobierno (ver página 3).
“No será fácil establecer el transporte como servicio esencial. Para eso, necesitan la aprobación de la Comisión de Garantías, integrada por la CGT, la CTA y los empresarios. Si pasan por arriba de la Comisión estarían violando una regla de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los gremios apelaríamos ante la Justicia”, evaluaron en la CTA.
Miedos. En la Casa Rosada dicen que la declarar servicio público esencial al transporte aerocomercial y terrestre es una iniciativa que se estudió varias veces y que nunca se concretó, por el conflicto que podría generar con los sindicatos. La primera vez que se intentó fue en 2008, pero según fuentes oficiales fue Héctor Recalde, abogado de Moyano y diputado, el que frenó la avanzada.
“Nunca se animaron a hacerlo. Tiran de la cuerda, para ver hasta qué punto llegan los gremios”, confió un ministro a este diario. Una fuente vinculada al Ministerio de Planificación contó a PERFIL que el concepto “sintonía fina” que pronunció Cristina al frente de los empresarios e industriales el miércoles será aplicado a todos los sectores, en especial a los sindicatos. “A ellos, lo que más los asusta es que le quiten la personería jurídica y, por lo tanto, el manejo de las obras sociales”, graficó. Y añadió: “La sintonía fina de Cristina no va a pasar por intervenirles el sindicato, sino por empezar a controlarlos con todo”.