Tragedia Once: Querella pidió pericia psiquiátrica al Juez Bonadio

El escrito de una carilla fue presentado por el abogado Gregorio Dalbón, querellante admitido en representación de tres heridos, ante la Cámara Federal y ante la jueza María Servini de Cubría, quien tramita una denuncia contra el juez por presunto prevaricato, es decir por dictar resoluciones contrarias a derecho.
El letrado explicó a DyN que el requerimiento de una pericia psiquiátrica tiene como objetivo "confirmar y certificar" si Bonadío "podría tener afectada su capacidad de razonamiento" al cuestionar sus actuaciones en la investigación del choque del tren en la estación Once que provocó 51 muertes y 703 heridos.
Dalbón criticó en este sentido supuestas "omisiones" del magistrado sobre todo en la "participación procesal" de la Fiscalía y la querella, al recordar que así lo garantiza la Constitución Nacional.
El abogado consideró que el juez produjo "el dictado de resoluciones que no se compadecen con el regular ejercicio de su función", entre ellas admitir al Estado nacional como querellante e imponer a los querellantes una caución real de 100 millones de pesos para concretar su pedido de embargar las cuentas bancarias de los empresarios y funcionarios que podrían ser imputados.
"Está fuera de una psiquis normal y de la cordura haber pedido 100 millones de pesos de caución real a trabajadores que viajan en tren, porque es gente humilde y le cabe el beneficio de litigar sin gastos o sea que no debe pagar. Y eso Bonadío lo sabe", acusó el letrado.
Para Dalbón "imponer a gente humilde una contra cautelar de 100 millones de pesos ya supera la arbitrariedad de un juez y no es acorde a la cordura que debe tener un magistrado de la Nación".
El abogado querellante reveló, además, que "a través de allegados a Carlos Liuch, a quien no conozco y dice tener llegada al Grupo Cirigliano" ya le recibió "al menos cinco" ofrecimientos informales "para conciliar y no ir al juicio civil" por los daños y perjuicios que sufrieron las víctimas y sus familiares.
"Yo les he dicho a todos que no vamos a conciliar, hasta que no haya un juez civil que homologue", aseguró y remató: "Nosotros con los Cirigliano hasta que no termine la causa penal no transamos".
Dalbón adelantó que luego iniciarán "un juicio civil comunitario" de todas las víctimas que representan y estimó que "la demanda por este magnicidio va a ser por unos 1300 millones de pesos, por daño punitivo al consumidor, daño moral, incapacidad sobreviviente e incapacidad psicológica".
"TBA va a tener que pagar bastante porque creo que las pólizas de seguros contratadas tienen un límite de hasta dos millones de pesos. De todos modos nosotros también demandaremos al Estado", concluyó.
Bonadío está a cargo de la causa de la tragedia del 22 de febrero en Once, cuyo expediente "principal" cuenta con once cuerpos con más de 2.200 fojas y 11 querellas, 4 de las cuales corresponden a personas fallecidas.
El juez ordenó pericias para determinar si fallaron los sistemas de frenos del tren o si existió algún error del maquinista, Marcos Córdoba, el único imputado hasta ahora en la causa.
Asimismo, dispuso pericias contables sobre los subsidios que recibió la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria del servicio de las líneas Mitre y Sarmiento, para poder establecer si fueron invertidos en infraestructura y mejora del servicio ferroviario.
El magistrado prohibió, además, la salida del país al ex secretario de Transportes de la Nación, Juan Pablo Schiavi, al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, al titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, y al directivo de TBA, entre ellos los hermanos Claudio, Roque y Marcelo Cirigliano.