El Gobierno ahora muestra la autorización de Vázquez

Más de 24 horas después de que trascendiera la noticia de que un grupo de militantes K lleva a presos para participar en actos políticos, el Gobierno Nacional salió a mostrar un documento que intenta avalar que uno de esos presos, Eduardo Vázquez, salió del penal que lo alberga con autorización judicial.
Vázquez, el exbaterista del grupo Callejeros condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su esposa, Wanda Tadei, un caso que conmovió a la sociedad argentina, acudió a uno de los encuentros realizados por la agrupación Vatayón Militante.
Eduardo Guarna, abogado de Vázquez, aseguró en la mañana de este lunes, en declaraciones radiales, que todavía se intentaba averiguar si su cliente realizó esas salidas con autorización de un juez, o si sólo lo hizo con la firma del jefe del Servicio Penitenciario, el camporista Víctor Hortel.
Sin embargo, la agencia Télam publica en la tarde de este mismo lunes que el exbaterista de Callejeros sí contaba con la autorización pertinente. De acuerdo a la agencia oficial de noticias, Vázquez "fue autorizado por la Justicia para llevar a cabo las dos salidas en las que participó de actividades culturales" y anexa el facsimil del documento firmado el juez Ricardo Santiago Lombardo.
La agencia asegura que en las ocasiones que Vázquez salió del penal "recibió autorización judicial para asistir a lugares que se encuentran fuera de su lugar de detención".
"En cada una de estas situaciones, el Servicio Penitenciario realiza los trámites correspondientes ante cada uno de los jueces de ejecución penal de quienes dependen las personas privadas de su libertad para poder realizar cualquier salida", agrega Télam.
El ministro de Justicia, Julio Alak, había declarado que “el caso Vázquez es uno más, y no la excepción. Si salió del lugar en el que se encuentra detenido para concurrir a alguna actividad integradora, fue porque el juez lo autorizó”, y agregó que “la asistencia a todas las actividades de las que participan los internos fuera de los penales son debidamente autorizadas por la autoridad judicial correspondiente, en estricto cumplimiento de lo establecido por la ley 24.660", que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad. "Es un disparate suponer que se pueda llevar a los presos a un acto político”, enfatizó.