Denuncian 791 casos de malos tratos y torturas en cárceles

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). El Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, Roberto Cipriano García del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, la decana de la Facultad de Derecho, Mónica Pinto y Alcira Daroqui del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, presentaron ayer el Primer Informe Anual del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT) que da cuenta del trabajo de campo realizado durante el año.
En la presentación que se realizó en el Salón Azul en la Facultad de Derecho de la UBA, también estuvo presente el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores, Eugenio Artaza, quién se comprometió a acelerar el tratamiento del proyecto de ley de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
“El informe que están presentando hoy (por ayer) va a impulsar el tratamiento de la Ley para la Prevención de la Tortura. Asumo el compromiso como titular de la Comisión de Derechos y Garantías, de hacer todo lo posible para que sea tratado cuanto antes y se convierta en Ley antes de fin de año”, expresó el legislador de la UCR por la provincia de Corrientes.
En la apertura de la presentación, Mugnolo indicó que la investigación quedó documentada en el libro “Cuerpos castigados”, en el que se describe y analiza las torturas a partir del relato de las víctimas de 21 unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense, 3 institutos de menores de la provincia de Buenos Aires y 6 unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, donde se registraron un total de 791 casos de malos tratos.
“La tortura en las cárceles constituye ‘la tortura institucionalizada’, que es consentida por las autoridades de los servicios penitenciarios. Con este informe quisimos documentar esas marcas de los detenidos, porque la pena se inscribe en un efecto corporal”, advirtió.
Además destacó que es “inédita” la experiencia de las tres instituciones (en referencia a la Procuración, al Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria, del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA) para la creación de un registro abierto, que da a luz los casos de torturas en el período 2011.
“El Registro Nacional de Casos de Tortura nos enfrenta al mal absoluto, a la intolerancia. Lo hicimos con el compromiso y seriedad en defensa de la dignidad de las personas”, manifestó Mugnolo.
Por su parte, Daroqui recordó que el informe se hizo con independencia de los organismos oficiales.
“Para nosotros es clave el testimonio de las víctimas, los detalles que nos aportan para la constatación, porque nos cuentan lo que pasa en un lugar que es diferente al que nos relatan las autoridades y los agentes de los Servicios Penitenciarios. Y este informe no es oportunista, ni coyuntural, es nuestro trabajo. Luchamos por un Estado menos cruel”, sostuvo.
A su turno, Cipriano García dijo que “para nosotros la cárcel es lo que dicen los internos, porque los jueces no entrevistan al detenido. Sólo tienen la mirada de los guardias, de los agentes del Servicio Penitenciario que dicen constantemente que ‘el preso miente para tener beneficios’”.
Por último, la decana de la Facultad de Derecho, reveló que los detenidos que más padecen estas prácticas son hombres entre 18 y 34 años.