Nueva denuncia contra De Vido: lo acusan por desviar fondos en una obra de más de dos mil millones de pesos
CIUDAD DE BUEN OS AIRES (Compacto Político). El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Omar Zeidán, denunció al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado, Julio De Vido, y a otros funcionarios nacionales, por la presunta malversación de fondos publicos mediante un esquema de tercerización que incluía a la fundación de la Universidad Tecnológica Nacional.
La denuncia recayó en el juzgado federal 3, a cargo de Daniel Rafecas. El fundamento de la presentación está basado en los sobreprecios, la tercerización a través de la Fundación UTN y las capacitaciones a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional para la construcción y puesta en marcha de la central termoeléctrica en la cuenca carbonífera.
Según datos oficiales, el monto aprobado para la construcción fue de más dos mil millones de pesos ($ 2.094.630.000).
La Termo Usina de Río Turbio no está terminada. Según los funcionarios, se habrían invertido, durante la gestión denunciada, unos 26.000 millones de pesos. Desde el sector gremial, a través de Luis González (lista negra de ATE), indican que el monto sería aún mayor.
HACE CUATRO DÍAS, TANTO EN LAS OFICINAS DE YCRT COMO EN LA SEDE DE LA UTN EN RÍO GALLEGOS, LA POLICÍA FEDERAL REALIZÓ DIVERSOS ALLANAMIENTOS
El gremialista, que desde el año 2006, ha hecho varias presentaciones en la justicia,-acompañado por diputados de la Coalición Cívica-, manifestó que también hay irregularidades en el proyecto del Tren Turístico, que hoy no existe, y por el que el Estado invirtió más de 900 millones de pesos. Anticipó que realizarán otras presentaciones en la justicia.
"Los sindicatos bancaron esta corrupción" y "muchos hicieron sus negocios dentro de la usina, como Berni (Sergio, ex secretario de Seguridad de la Nación) y Lázaro, (Báez), entre otros", señaló el dirigente gremial.
FUERON DENUNCIADOS EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DE LA UTN, HUGO SÁNCHEZ, Y EL ACTUAL DECANO DE LA CASA DE ESTUDIOS CON SEDE EN RÍO GALLEGOS, INGENIERO MARTÍN GOICOECHEA
Hace cuatro días, tanto en las oficinas de YCRT como en la sede de la UTN en Río Gallegos, la policía federal realizó diversos allanamientos en la que secuestraron documentación útil para ésta y otra causa, que instruye el fiscal Pollicita.
Los demás funcionarios denunciados por el interventor Zeidán, luego de dos auditorías realizadas por la nueva gestión, son Roberto Baratta (ex mano dederecha del ministro Julio De Vido en el ministerio de Planificación); el actual intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna; los ex funcionarios de la empresa Miguel Ángel Larregina, Marta Nilda Pérez, Juan Marcelo Vargas y Fernando Lisse.
También el presidente de la Fundación de la UTN, Hugo Sánchez, y el actual decano de la casa de estudios con sede en Río Gallegos, ingeniero Martín Goicoechea.
Luego de la presentación, realizada en los tribunales federales de Comodoro Py, el nuevo interventor de YCRT dijo que los anteriores funcionarios habían montado "una estructura para perjudicar al estado y hacer política partidaria con los fondos públicos".
La intervención
El 26 de enero de este año, mauricio Macri decidió que Zeitán sea el encargado de dirigir una auditoría sobre el proyecto aprobado por De Vido para construir una central termoeléctrica a carbón por más de dos mil millones de pesos ($ 2.094.630.000).
Según información oficial, la licitación se lanzó en noviembre de 2006, y un año después se adjudicó al Grupo Isolux Corsan SA. El 14 de diciembre suscribió el contrato de obra. Sin embargo, por modificaciones en el presupuesto y en los plazos, el nuevo Gobierno decidió desarrollar "una auditoría integral" por la "magnitud de la obra" y por los cambios que terminaron en "un incremento del monto contractual".
Al respecto, fuentes oficiales confirmaron a La Nación que una de las primeras medidas fue dar de baja acuerdos con la Universidad Nacional de la Matanza. "Buscaban evitar controles administrativos y licitaciones. Servían a los funcionarios kirchneristas para digitar los gastos y destinar millones a contratos y servicios que no eran para YCRT sino para gastos políticos. Con estos convenios disimulaban gastos innecesarios enmascarándolos como grandes medidas, amparados en la legitimidad que le otorgaban las Universidades nacionales", dijeron.
También se dieron de baja 29 contratos de personas "relacionadas con el poder político provincial, que no cumplían ninguna función en la empresa y que le costaban más de 3 millones de pesos a YCRT".
