La CIDH le exige a Maduro que deje de usar militares y armas de fuego contra las protestas
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó hoy al Estado venezolano "a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país".
Y reclama al gobierno de Nicolás Maduro, entre otros puntos, excluir a los militares contra las manifestaciones, como así también las armas de fuego.
El comunicado emitido por la CIDH ocurre en el marco de las recientes protestas, cacerolazos y represión en Venezuela, donde se denunció que hubo dos muertos y 200 heridos: un joven de 20 años que recibió presuntamente un tiro en el cuello, en Carabobo, y una mujer de 87 años que habría fallecido de un infarto afectada por gases lacrimógenos.
Continúa: "De acuerdo con la información disponible, (…) utilizaron cordones policiales, carros lanza aguas y gases lacrimógenos para obstaculizar y dispersar las manifestaciones llevadas a cabo en Caracas y en otras ciudades del país, entre el 30 de marzo y el 8 de abril de este año. También se registró la presencia de grupos armados civiles que golpearon y amenazaron a manifestantes, incluidos diputados nacionales".
La CIDH, tras un extenso comunicado, insta a "reconocer públicamente los derechos a la reunión pacífica y libertad de expresión, sin discriminación por razones de opinión política" y "excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas".
Entre otros puntos, también le reclama al gobierno venezolano "abstenerse de exigir autorización previa para la realización de manifestaciones públicas u otros requisitos excesivos que dificulten su realización".
También pide "excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales" y "abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas, colectivas o indiscriminadas".
Concluye: "Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión".
