Habrá multas de hasta 17 mil pesos a quienes discriminen a personal de la salud en CABA

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). El confinamiento de más de dos meses, la angustia, la incertidumbre y el temor a una enfermedad -sin precedentes- que azota al mundo, generó una diversa gama de sentimientos en la sociedad. La peor cara se vio con los escraches y actitudes discriminatorias que han tenido que soportar los médicos. Además de estar en la primera línea de batalla en la lucha contra el coronavirus exponiendo su vida y la de sus familias con la posibilidad de que resulten contagiados, el personal de la salud tuvo que vivir situaciones de todo tipo en ocasiones donde se los acusó de transportar el COVID-19. La más extrema se vivió en la provincia de La Rioja, donde a una médica le incendiaron el auto.

Por ello, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una serie de sanciones para quienes escrachen a las personas que, por su condición laboral, estén en contacto con pacientes con coronavirus. Además de personal sanitario, la normativa incluye a las fuerzas de seguridad y a trabajadores de la justicia de la Capital Federal que también están expuestos en el territorio con más casos de COVID-19 del país. Para quienes hostiguen, amenacen, discriminen o maltraten físicamente habrá multas de hasta 17 mil pesos.

En efecto, en la sesión ordinaria de este jueves, los legisladores porteños modificaron tres artículos del actual Código Contravencional, en el que se establecen las conductas nocivas contra personas o bienes particulares y colectivos, al evaluar que desde la llegada de la pandemia a la Argentina se “observaron comportamientos disvaliosos por parte de algunos ciudadanos”.

Puntualmente dentro del territorio porteño se registraron varias denuncias de ataques contra el personal de la salud. A una joven médica, en un edificio del barrio de Belgrano, el consorcio de propietarios le dejó una carta por debajo de la puerta en la que se la intimó a “evitar el tránsito y permanencia en lugares comunes”, por el “alto riesgo” que implicaba su labor.

En otro inmueble, en Barrio Norte, un urólogo se encontró con un mensaje amenazante debajo de su puerta: “Buscate otro lugar para vivir. Ponés en riesgo la vida de todos acá, decidís vos o decido yo. Gracias”. En Montserrat, la advertencia fue directa y prácticamente en tono mafioso. “Cuidate, si salís te puede pasar algo” y “Te podés caer o algo”, le dijeron a un profesional de la salud.

“La discriminación que sufre personal de la salud, personal policial y judicial, en razón de estar en contacto con pacientes infectados del mencionado virus, injuria gravemente su dignidad y evidencia la falta de solidaridad ciudadana por parte de quienes, en lugar de reconocer la grandeza con la que aquellos enfrentan esta dura realidad, los ofenden y aíslan socialmente por esa mera circunstancia”, se remarcó en el texto del proyecto que fue aprobado este jueves con 55 votos positivos y 3 negativos en la Legislatura porteña.

Con la reforma que se aprobó este jueves,se incorporó un nuevo inciso al artículo 53 del Código de Contravenciones que, actualmente, penaliza las conductas contra la integridad física, las cuales contemplan multas de hasta 1000 pesos y hasta cinco días de arresto. En este punto se duplicó el valor de las multas ya que agrega como agravante las contravenciones en las cuales la víctima sea “cuando la víctima es trabajador de la educación, sea docente o no, o trabajador de la salud, policial o judicial, sea profesional o no, y el hecho tiene lugar dentro del establecimiento donde se desempeña, o fuera de él siempre que la conducta esté motivada en razón de su tarea, función o cargo”, y también cuando la conducta esté motivada “en razón de haber estado en contacto con personas infectadas o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad contagiosa, o porque su tarea se desarrolla o presumiblemente se desarrolla en espacios donde puede tener contacto con enfermedades contagiosas”.

Gimena Villafruela, legisladora de Vamos Juntos, vicepresidenta de la Comisión de Justicia y autora de un proyecto de declaración de repudio frente a los actos de discriminación contra los médicos, manifestó este jueves: “Estas personas básicamente pretenden imponer sus propias reglas de convivencia, atentando contra los derechos civiles de los demás. El personal de la salud es la primera línea de defensa frente a la pandemia, y merece todo nuestro respeto y agradecimiento”.

Además de que la persona sancionada “deberá realizar un curso de inducción vinculado con dichas circunstancias”, se estableció que las sanciones se elevan al doble en los casos que se constate “una obstaculización o un impedimento intencional y sin causa justificada de la salida de lugares públicos”. En ese caso, cuando esta conducta sea contra trabajadores sanitarios, policiales y judiciales, la multa quedó en $2.000 o hasta 10 días de trabajo de utilidad pública.

La última modificación radica en el artículo 68 con el endurecimiento de las sanciones económicas a quien cometa discriminación contra una persona por su condición laboral. En estos casos el responsable tendrá que pagar hasta 17 mil pesos o cumplir hasta 10 días de trabajo de utilidad pública. El actual Código penaliza la discriminación por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social y económica.