16 enero, 2021

La deuda “invisible”: el Gobierno deja para 2021 pagos atrasados por casi $300.000 millones

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político).  La ejecución del gasto público de este año, que experimentó un fuerte aumento por las medidas que tomó el Gobierno en el marco de la pandemia, dejará hacia fin de año una cuenta pendiente a pagar de unos $300.000 millones que el Estado nacional adeuda a proveedores, gobiernos provinciales o municipales y fondos fiduciarios, entre otros.

Se trata de una deuda “invisible”, que no es tomada en cuenta en las estadísticas de deuda pública del Tesoro pero que los analistas suelen llamar “flotante”. Son cuentas que fueron devengadas (es decir, que existe la orden de pago por parte del Ejecutivo para saldarla) pero cuyo giro de fondos todavía no fue concretado.

De acuerdo a datos de la Tesorería General de la Nación a los que Infobae tuvo acceso, hacia noviembre el Estado nacional contaba con una deuda exigible (flotante) de casi $270.000 millones. Por la aceleración del gasto público que se da cada diciembre por cuestiones estacionales (por ejemplo, para el pago de salarios), esos pasivos “invisibles” podrían superar los $300.000 millones cuando termine este año.
Hacia noviembre el Estado nacional contaba con una deuda flotante de casi $270.000 millones, un 45% más que en octubre.
La evolución de la deuda flotante como % del Presupuesto y del PBI en los últimos añosLa evolución de la deuda flotante como % del Presupuesto y del PBI en los últimos años

La presencia de restricciones fiscales y dificultades de acceso al crédito generan incentivos para recurrir a la deuda flotante como fuente alternativa de financiamiento, demorando intencionalmente los pagos de bienes y servicios adquiridos por el gobierno para su funcionamiento”, explicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en un informe reciente.

Según los datos de la Tesorería, entre octubre y noviembre la deuda flotante del Ejecutivo nacional aumentó casi 45% entre los $186.000 millones y los $269.000 millones de la última actualización. De todas formas, no se trata de un proceso lineal, ya que los pasivos “invisibles” habían alcanzado picos cercanos a los $200.000 millones en abril y septiembre.

  • En 2013 la deuda flotante totalizó $47.000 millones, lo que representó en ese entonces un 1,4% del PBI. Desde ese año la deuda exigible fue paulatinamente en baja.

La deuda flotante que pasa de un ejercicio fiscal a otro no es una novedad para la administración pública nacional. En 2013 los pasivos arrastrados hacia 2014 totalizaron $47.000 millones, lo que representó en ese entonces un 1,4% del PBI. Desde ese año la deuda exigible fue paulatinamente en baja y desde 2016 fue menor al 1% del PBI.

Con esos movimientos, al cierre de noviembre la deuda pública ascendió a USD 333.368 millones, aumentó en USD 20.070 millones en comparación con el nivel previo al cambio de gobierno.

La deuda flotante se acumula hacia fines de cada año y se suele saldar en el ejercicio siguiente. (Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso)La deuda flotante se acumula hacia fines de cada año y se suele saldar en el ejercicio siguiente. (Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso)

Según la OPC, la generación de deuda exigible puede derivar en problemas para la normalidad de los procesos de contrataciones y de compras públicas. Incluso es un problema que suele tomar en cuenta el Fondo Monetario Internacional a la hora de establecer programas de financiamiento.

“Adicionalmente, lleva al gobierno a obtener condiciones de contratación menos favorables, como fruto de las conductas defensivas de los proveedores para tratar de asegurarse el cobro, y puede desincentivar a proveedores competitivos de participar en concursos y licitaciones públicas”, continuó.

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Este tipo de deudas “invisibles” suelen ser tenidas en cuenta por el FMI. El último acuerdo stand-by firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario incluyó metas de reducción de pasivos flotantes.

“Por sus potenciales impactos sobre la ejecución y efectividad de la política fiscal y sobre la hoja de balance del sector público, el control y la regularización de pagos atrasados son aspectos habitualmente abordados en los programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La gran mayoría de los programas aprobados en las últimas décadas incluyeron metas estructurales o criterios cuantitativos asociados a pagos atrasados”, explicó la OPC.