La “Casta” minera en Salta: Entre el boom del Litio y el desafío ético (Ricardo Mangano, especial FM Aries)

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). El sector minero en Argentina, y particularmente en la provincia de Salta, atraviesa un momento histórico. Con proyectos de escala global como Taca Taca (cobre) y la puesta en marcha de gigantes del litio como Mariana y Centenario-Ratones, la provincia se consolida como el motor exportador de la región. Sin embargo, este crecimiento pone bajo la lupa un tema crítico: la transparencia institucional y el vínculo entre el sector público y las corporaciones privadas.

En la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados de la Nación en el marco del tratamiento del proyecto de modificación de la ley que establece presupuestos mínimos para la preservación y protección de los glaciares se picó a mitad de la jornada, cuando el abogado ambientalista Enrique Viale de denunció la incidencia de las empresas mineras sobre algunos legisladores y funcionarios.

Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (CAJE), cuestionó a legisladores “que tienen relación con las mineras”, y en ese marco acusó a la senadora nacional Flavia Royón. “No representa a Salta, representa a las mineras”, aseguró antes de anunciar que hoy presentará una denuncia penal en su contra por incompatibilidad en la función pública y por un posible cohecho.

¿Cuántos diputados de acá tienen relaciones con las empresas mineras? ¿Cuántos senadores? ¿Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta, sino que representa a las mineras directamente?“, disparó.

“Se llama Flavia Royón. Tiene y es integrante de una consultora de Rio Tinto, una de las principales beneficiadas por esto”, acusó Viale, y anunció que hoy hará la denuncia penal contra la legisladora salteña: “Mañana la vamos a denunciar penalmente por incompatibilidad en la función publica y para que se investigue el cohecho”, adelantó

En respuesta a las expresiones del abogado ambientalista, Royón dijo que no tiene vínculos con Rio Tinto, empresa que en Salta desarrolla proyectos de litio en Salar del Rincón. La legisladora, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, sostuvo que el 10 de diciembre de 2025 renunció al directorio de la firma Zelandez Holding Limited, desvinculándose de toda actividad privada antes de asumir en el Congreso Nacional. “Si el doctor Viale cuenta con pruebas, que las presente”, agregó.

Zelandez es una compañía neozelandesa que se presenta como “el mayor proveedor de servicios de tecnología especializada en salmueras de litio del mundo”.

La Ley 25.188 de Ética en la Función Pública no es solo un conjunto de normas; es el contrato de confianza entre el Estado y los ciudadanos. En un sector donde se manejan inversiones de miles de millones de dólares, la figura del “Conflicto de Intereses” cobra una relevancia vital.

La normativa es clara: un funcionario no debe participar en decisiones que beneficien a empresas con las que tiene o ha tenido vínculos. Aquí aparece el concepto de la “ventana de 3 años”: un período de carencia obligatorio para evitar el fenómeno de la puerta giratoria, impidiendo que ex-directivos o asesores de mineras se conviertan en sus propios reguladores desde el Estado.

Informe Mangano (FM Aries Salta )

Beneficios fiscales y el polémico “Valor Boca Mina”

El éxito de Salta no es casual. El régimen de la Ley 24.196 (Inversiones Mineras) ofrece una estabilidad tributaria por 30 años que es el imán de las inversiones. La Puna salteña hoy es un tablero de ajedrez donde las potencias mundiales mueven sus fichas:

• Litio: Liderado por proyectos como Sal de Oro, Rincón y Pastos Grandes, el “oro blanco” es la prioridad de la transición energética.
• Cobre: El proyecto Taca Taca promete cambiar la matriz productiva de la provincia, posicionándola como un jugador global.
• Oro y Plata: Con Lindero en producción y Diablillos avanzando, la minería metalífera completa un ecosistema de alta rentabilidad.

La Ley 24.196 de Inversiones Mineras establece un régimen de promoción para el sector, con beneficios fiscales y estabilidad tributaria. El punto más discutido está en los artículos 22 y 22 bis, que regulan cuánto cobran las provincias.

En el artículo 22 se fija un tope del 3% de regalías. Ese porcentaje se calcula sobre el valor “boca mina” que esta establecido en el articulo 22 bis de la ley. Se define el valor “boca mina” el mineral sin procesar. es decir que se le descuentan los costos transporte, de fundición y refinación, administración, comercialización y los costos de trituración, molienda, beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite la venta del producto final, a que arribe la operación minera. Al descontar costos, la base es menor por lo tanto se paga menos. Resultado:las regalías efectivas son aún más bajas. El esquema legal no sólo limita cuánto se cobra, sino también sobre qué se cobra.

Mientras que las provincias tienen un tope del 3% en regalías, el cálculo sobre el “valor boca mina” permite deducir costos operativos. Esto significa que la base imponible se reduce significativamente, un área que requiere una fiscalización técnica extrema para garantizar que la riqueza del subsuelo salteño se traduzca en beneficios reales para la comunidad.

La credibilidad de las instituciones es el activo más valioso de Salta. Garantizar que la línea entre el interés público y el privado sea infranqueable no es solo un deber moral, sino una necesidad económica para asegurar que el desarrollo minero sea sostenible y transparente a largo plazo.