El Gobierno redujo el gasto público en USD 67.000 millones durante 26 meses
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político).El ahorro acumulado por la gestión actual equivale a una reducción masiva del gasto, lograda mediante recortes en programas sociales y salarios.
El proceso de consolidación fiscal en Argentina ha alcanzado una cifra sin precedentes. Según datos recientes, en los últimos 26 meses el Gobierno ha acumulado una reducción del gasto público de USD 67.000 millones. Esta cifra surge de comparar el promedio mensual de erogaciones del año 2023 frente a la ejecución real sostenida hasta febrero de 2026, lo que representa una caída de $121,8 billones a valores actuales.
El informe detalla que este superávit fiscal se ha sostenido no solo mediante la eficiencia administrativa, sino también a través de una fuerte subejecución de partidas y la licuación de gastos sensibles. El “plan motosierra” ha impactado de forma directa en áreas clave, permitiendo al Ejecutivo exhibir un músculo financiero robusto frente a los acreedores internacionales y organismos de crédito.
El impacto del recorte en programas sociales y provincias
Uno de los pilares de este ahorro de recursos ha sido la poda en la asistencia estatal. Los programas sociales sufrieron un recorte real del 44,8%, destacándose la eliminación de planes como Potenciar Trabajo. Esta estrategia, aunque efectiva para las metas fiscales, ha generado una transformación profunda en la composición de la inversión social del Estado.
Asimismo, la relación con las jurisdicciones subnacionales ha sido un eje del ajuste. Las transferencias a las provincias experimentaron una caída del 29%, obligando a los gobernadores a reestructurar sus propias cuentas públicas. Esta política de “transferencias cero” ha sido el motor principal para alcanzar el equilibrio fiscal financiero en el primer bimestre del año.
Reducción del empleo público y ahorro salarial
La transformación del Estado también se refleja en la nómina salarial. En el periodo analizado, el gasto en salarios públicos se redujo en USD 10.700 millones. Esta baja responde a una combinación de factores: la reducción del 12,1% de la plantilla estatal (más de 60.000 puestos menos) y una caída en el poder adquisitivo de los haberes que algunos analistas califican como el “ajuste silencioso”.
Con un riesgo país que aún oscila en niveles desafiantes, el Gobierno apuesta a que esta disciplina fiscal sea la llave para reabrir el financiamiento externo en el segundo semestre de 2026. La sostenibilidad de este esquema dependerá, según expertos, de la capacidad de la economía real para reaccionar ante la baja de la inflación y la remonetización prevista por el Banco Central.
