CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político).En un giro significativo para la transparencia institucional, la justicia federal ha decidido avanzar sobre el patrimonio de uno de los funcionarios más visibles del actual Gobierno. El juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni, vocero presidencial, y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

La medida se enmarca en una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, tras denuncias que cuestionan la evolución patrimonial del funcionario y el origen de ciertos activos financieros y societarios de su entorno familiar.

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Los alcances de la medida dictada por Ariel Lijo

El magistrado solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe detallado sobre los movimientos de las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, bienes declarados y participaciones societarias del matrimonio.

El objetivo de la justicia es realizar un peritaje contable integral que permita contrastar los ingresos declarados por el vocero antes de su llegada a la función pública con el patrimonio que ostenta en la actualidad. Esta medida es un paso procesal estándar pero determinante en causas de corrupción y enriquecimiento, ya que permite ver la “foto completa” de los activos financieros.

Entre las acciones adoptadas, Lijo dispuso también el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

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El origen de la denuncia contra el vocero presidencial

La investigación se inició a raíz de presentaciones judiciales que ponían el foco en el rápido crecimiento de los activos del vocero y la posible falta de justificación de fondos en la adquisición de propiedades y vehículos. Asimismo, se analiza el rol de las empresas vinculadas a su esposa, Bettina Angeletti, y si estas tuvieron algún tipo de beneficio o incremento inusual desde diciembre de 2023.

“La apertura del secreto fiscal es una herramienta clave para determinar si existe una inconsistencia insalvable entre los salarios percibidos y los gastos realizados”, señalan fuentes judiciales cercanas al caso.

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Repercusiones políticas y el impacto en el Gobierno

Hasta el momento, desde la Casa Rosada han mantenido una postura de cautela, limitándose a señalar que el funcionario está “a disposición de la justicia” y que todas sus declaraciones juradas han sido presentadas en tiempo y forma ante la Oficina Anticorrupción.

Sin embargo, el avance de la causa liderada por el juez Lijo —quien además es el candidato del Ejecutivo para la Corte Suprema— genera una tensión inevitable en el clima político. El caso de Adorni se suma a otros expedientes que buscan auditar la ética y la transparencia de los principales cuadros de la administración nacional.

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¿Qué sigue en la investigación patrimonial?

Tras la recepción de los informes bancarios y fiscales, el juzgado procederá a:

• Cruzar datos: Comparar los consumos de tarjetas de crédito con los ingresos mensuales declarados.
• Rastreo de activos: Verificar la existencia de cuentas no declaradas o movimientos de divisas en el exterior.
• Peritaje de la Corte: Intervención de peritos contadores de la Corte Suprema para validar la evolución patrimonial año tras año.

Si las pruebas arrojan inconsistencias graves, el vocero podría ser citado a declaración indagatoria, un escenario que marcaría un hito en la gestión del equipo de comunicación presidencial.