Deuda Externa: Milei busca cerrar el capítulo de los Fondos Buitre con un acuerdo histórico en el Congreso
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). A 25 años del colapso financiero de 2001, el Gobierno de Javier Milei ha decidido dar un paso definitivo para normalizar la situación financiera internacional de la Argentina. El Poder Ejecutivo enviará en los próximos días un proyecto de ley al Congreso de la Nación para convalidar un acuerdo alcanzado con los últimos fondos buitre (holdouts) que aún litigan contra el país en los tribunales de Nueva York.
El entendimiento, informado recientemente ante la jueza Loretta Preska, involucra a dos grupos principales de acreedores: el liderado por el fondo Attestor y el fondo Bainbridge. Estos grupos representan el remanente de tenedores de bonos que rechazaron los canjes de 2005, 2010 y el pago de 2016, manteniendo viva una demanda que originalmente rondaba los US$ 600 millones.
Sin embargo, el monto final que Argentina deberá desembolsar sería significativamente menor. Durante 2025, estos acreedores lograron embargar cerca de US$ 310 millones de cuentas argentinas en la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, el acuerdo que llegará al Parlamento buscaría cancelar el saldo restante, estimado en menos de US$ 200 millones, poniendo fin a la acumulación de intereses punitorios que inflaban la deuda mes a mes.
Blindaje de activos estratégicos: El fin de las amenazas de embargo
La decisión de la administración de Milei no solo responde a una voluntad de ordenamiento macroeconómico, sino también a una urgencia de defensa patrimonial. La continuidad del litigio mantenía bajo amenaza activos críticos del Estado argentino. El fondo Bainbridge, por ejemplo, había solicitado formalmente el embargo de acciones de YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación.
Con la firma de este convenio y su posterior ratificación legislativa, la justicia de Estados Unidos suspendería todas las causas vigentes. Esto permitiría a la Argentina:
- Reducir el riesgo país al eliminar focos de conflicto legal.
- Liberar los fondos que actualmente se encuentran congelados en el exterior.
- Mejorar la calificación crediticia para un eventual regreso a los mercados voluntarios de deuda.
El desafío político: El rol del Congreso de la Nación
A diferencia de otras medidas ejecutivas, el pago a los fondos buitre requiere obligatoriamente el aval del Congreso. El oficialismo deberá tejer alianzas con los sectores “dialoguistas” para obtener la mayoría necesaria, recordando que el precedente más cercano fue la ley de pago a los holdouts de 2016 bajo la gestión de Mauricio Macri.
Para el equipo económico, cerrar este frente judicial es la pieza que falta para consolidar la imagen de Argentina como un país “cumplidor” ante los inversores globales. El proyecto de ley será el termómetro de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia de política financiera de largo plazo.
