Avanza la Ley de Propiedad Privada: Acuerdo clave entre el oficialismo y aliados para sesionar en el Senado
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). El oficialismo logra consensos decisivos en el Senado para dictaminar la Ley de Propiedad Privada y blindar derechos ante usurpaciones.
En una jornada marcada por intensas negociaciones en los despachos del Congreso, el oficialismo, encabezado por el bloque de La Libertad Avanza, ha logrado un acercamiento estratégico con los bloques aliados y el denominado “sector dialoguista”. El objetivo es claro: obtener la firma del dictamen de mayoría para la Ley de Propiedad Privada y llevarla al recinto de la Cámara de Senadores en los próximos días.
Este proyecto, que es considerado un pilar fundamental dentro de la agenda de reformas del Ejecutivo, busca endurecer las penas contra la ocupación ilegal de tierras y agilizar los procesos de desalojo. Tras semanas de modificaciones en el articulado, los puntos de fricción —relacionados principalmente con la intervención judicial y los plazos de ejecución— parecen haber quedado saldados, garantizando los votos necesarios para su media sanción.
Los puntos centrales de la ley y el rol de la oposición
La normativa propone un cambio de paradigma en la protección de los derechos de propiedad en Argentina. Entre sus ejes principales se destaca la creación de un protocolo de “desalojo inmediato” una vez acreditada la titularidad del inmueble, eliminando las trabas burocráticas que actualmente dilatan estos procesos por meses o años.
Por otro lado, la oposición más dura ha manifestado sus reparos, argumentando que la ley podría vulnerar derechos sociales en contextos de vulnerabilidad extrema. Sin embargo, los senadores aliados han logrado introducir cláusulas que obligan a la asistencia social estatal en casos específicos, lo que destrabó la resistencia de los bloques federales.
La sesión, que se prevé para la próxima semana, no solo pondrá a prueba la solidez de la coalición legislativa del Gobierno, sino que también definirá el marco jurídico sobre el cual se regirán las inversiones inmobiliarias y la seguridad jurídica en el país para los próximos años.
