Caso Adorni: El contratista entregó facturas que confirman el gasto de USD 245.000 en Indio Cuá
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). La fiscalía de Gerardo Pollicita sumó los comprobantes aportados de forma espontánea por Matías Tabar y constató que la cifra coincide exactamente con el monto bajo sospecha por presunto enriquecimiento ilícito.
Un giro determinante sacude la investigación judicial que pesa sobre el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. La fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita logró ratificar de manera contable que las costosas remodelaciones de la vivienda del funcionario en el club de campo Indio Cuá, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, ascendieron exactamente a 245.000 dólares, una cifra que el entorno oficial había desmentido de forma tajante.
La confirmación técnica se alcanzó luego de que el contratista Matías Tabar, socio de la firma Alta Arquitectura, se presentara de manera espontánea en los tribunales de Comodoro Py. El testigo entregó una exhaustiva caja de documentación que incluyó remitos, recibos oficiales de compras a proveedores y copias de las comunicaciones mantenidas con los subcontratistas que ejecutaron la obra. Tras un exhaustivo arqueo realizado por el equipo del Ministerio Público Fiscal durante las últimas horas, las sumas arrojaron precisión matemática respecto al monto bajo la lupa.
Pagos en efectivo, “en negro” y la reacción del oficialismo
La entrega de los comprobantes subsana la falta de respaldo documental que exhibía la primera declaración testimonial de Tabar, oportunidad en la que aportó un listado analítico de ítems pero carente de facturación. Según el testimonio del arquitecto —quien ratificó sus dichos bajo juramento de verdad—, las transacciones comerciales por la renovación integral del inmueble fueron abonadas por el propio Manuel Adorni en persona, bajo la modalidad de dinero en efectivo en moneda extranjera y sin la emisión de recibos por la contraprestación de los servicios.
Esta revelación judicial adquiere fuerte voltaje político tras las declaraciones públicas del presidente Javier Milei, quien había salido en defensa de su colaborador directo tildando al constructor de “mentiroso” y “militante kirchnerista”. Ante los micrófonos de la prensa, Tabar intentó bajar el tono de la disputa declarando que aún creía “en la inocencia de Adorni”, pero argumentó que se vio obligado a recolectar toda la documentación intermedia de sus proveedores para salvaguardar el buen nombre de su empresa constructora.
Radiografía de las reformas y el peritaje sobre los bienes familiares
La envergadura de las reformas ejecutadas entre octubre de 2024 y julio de 2025 excede la simple albañilería e incluye la renovación total del mobiliario de diseño. El expediente detalla intervenciones estructurales de envergadura:
- Exteriores y amenities: Remodelación completa de la piscina con la incorporación de un sistema de cascada, reforma de la parrilla y colocación de revestimiento plástico tipo Tarquini.
- Interiores: Modificación de los accesos principales, cocheras, galerías, escaleras, enduido general de muros y recambio de pisos viejos por porcelanatos de alta gama.
El avance de la causa penal, que tramita formalmente ante el juzgado federal de Ariel Lijo, no se detiene en los ladrillos de Exaltación de la Cruz. La fiscalía ya libró órdenes de presentación para recopilar los legajos y el historial de sueldos públicos de Francisco Adorni (hermano del jefe de Gabinete) en el Ministerio de Defensa, al tiempo que ordenó peritajes informáticos sobre dos billeteras de criptomonedas y las tarjetas de crédito corporativas y personales del matrimonio compuesto por Adorni y Bettina Angeletti.
Asimismo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) procesa un informe sobre una veintena de viajes al exterior realizados por la familia desde el año 2022. Una vez concluido el peritaje de evolución patrimonial, y en caso de ratificarse las inconsistencias, el jefe de Gabinete dispondrá de un plazo perentorio de 15 días para justificar sus ingresos antes de un eventual llamado a declaración indagatoria.
