Santa Fe: un empresario arregló una colectora destruida y Vialidad Nacional le ordenó romper la obra
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). La polémica estalló en Funes tras una reparación privada sobre una traza nacional. El empresario asegura que mejoró un acceso deteriorado y ahora enfrenta una intimación oficial.
Un hecho insólito ocurrió en la provincia de Santa Fe: un empresario invirtió en maquinaria y materiales para arreglar el tramo de colectora de la autopista Rosario-Córdoba, frente al Hotel Sol de Funes (Radisson RED Funes, su nueva denominación) que regentea, pero fue intimado por Vialidad Nacional para deshacer la obra. O sea, debe romper todo lo que arregló..
El protagonista es Néstor Rozín, responsable de un complejo hotelero ubicado en Funes, quien tomó la decisión luego de meses de reclamos sin respuestas. Según explicó, el acceso al establecimiento presentaba un deterioro importante y generaba dificultades para clientes, trabajadores y proveedores que transitaban diariamente la zona.
De acuerdo con el relato del empresario, la situación se volvió crítica ante la realización de grandes eventos programados en el hotel. Frente a la falta de mantenimiento, decidió avanzar con recursos propios.
Para hacerlo, consiguió maquinaria y materiales aportados por terceros y realizó trabajos de reparación sobre el tramo afectado de la colectora ubicada a la altura del kilómetro 307,5 de la autopista Rosario-Córdoba, mano oeste. Las tareas incluyeron colocación de piedra y mejoras para cubrir sectores dañados y facilitar la circulación.
El CEO del hotel sostuvo que venían “pidiendo a Vialidad Nacional y a la empresa contratista que cobra el peaje de la autopista que lo repare. La municipalidad nos había dicho de darnos una mano con la gente que estaba haciendo la rotonda, pero se venía demorando“, agregó.
La solución que encontró fue recurrir a “gente que estaba trabajando en un supermercado, acá cerca, con las máquinas, más unos amigos que tenían piedras de Córdoba”. Y agregó: “Lo que hicimos es incorporar las piedras para tapar los pozos, lo reparamos y nos quisieron clausurar. Después nos dieron el consentimiento para continuar con la obra”, dijo al medio santafesino.
Rozín explicó que intervino porque el ingreso al establecimiento, ubicado sobre la colectora del kilómetro 307,5 en sentido oeste, “estaba detonado”, según también explicó a Radio LT8 830. Y dijo que tenía eventos programados, entre ellos uno de un colegio con 5.000 personas, además de actividades con la diputada nacional Gisela Scaglia y con profesionales odontólogos.
Según Rozín, durante el desarrollo de la obra incluso existieron conversaciones con personal vinculado al organismo vial y finalmente los trabajos pudieron completarse. Sin embargo, la situación cambió meses después.
La intimación de Vialidad Nacional
Casi siete meses después de la intervención llegó una carta documento enviada por el Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional. La notificación otorgó un plazo de diez días para volver el sector “a su situación anterior”, argumentando que la obra se ejecutó sobre una traza bajo jurisdicción nacional y sin aprobación definitiva de los procedimientos técnicos correspondientes.
Desde el organismo sostienen que no se trata únicamente de una cuestión administrativa. Fuentes vinculadas a Vialidad señalaron que existen protocolos técnicos obligatorios relacionados con materiales utilizados, drenajes, compactación, pendientes y condiciones de seguridad vial que deben cumplirse antes de cualquier intervención sobre rutas nacionales o sectores vinculados a ellas.
Además, remarcaron que la documentación iniciada por los privados no habría alcanzado una autorización final y que parte de lo ejecutado superó lo presentado originalmente.
El reclamo del empresario
Rozín cuestionó la situación y planteó una contradicción entre las exigencias oficiales y la realidad cotidiana. Según manifestó, mientras distintos actores reclaman accesibilidad y mantenimiento, cuando un privado interviene para resolver un problema operativo aparecen restricciones regulatorias.
El empresario además aseguró que buscará revertir la intimación y expresó confianza en encontrar una solución administrativa que evite destruir una obra que —según sostiene— mejoró la circulación para vecinos, trabajadores y visitantes de la zona.
Debate abierto sobre infraestructura y mantenimiento vial
El caso volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa distintas provincias: el estado de conservación de rutas nacionales y colectoras, las demoras en obras públicas y los límites legales para que actores privados intervengan cuando la infraestructura presenta problemas.
Mientras la intimación oficial avanza, la polémica ya superó el caso puntual y abrió un debate más amplio sobre quién debe actuar cuando los caminos deteriorados afectan la actividad económica y la circulación cotidiana.
