Cristóbal López y Fabián De Sousa, más cerca de ir a juicio oral
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). "Por estimar que se encuentra completa la instrucción respecto de los hechos atribuidos a Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray córrase visa a la parte querellante -AFIP-, y al agente fiscal", señala la resolución firmada por el juez Julián Ercolini a la que accedió Clarín y que habilita a las partes a pedir que el empresario K, su socio y el ex titular del fisco durante la gestión kirchneristas, vayan a juicio oral.
La decisión del juez Ercolini que el 19 de diciembre pasado procesó por defraudación al Estado a Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray, se toma en medio del debate que se abrió por la excarcelación de los dueños del Grupo Indalo y los cambios en los delitos por los que se los acusó.
En la Cámara Federal de Casación, se encuentra en análisis el pedido de la AFIP que rechazó la modificación de la calificación penal que impuso la Sala I de la Cámara federal porteña, en la resolución que por voto mayoritario firmaron los jueces Jorge Ballestero (en disidencia con su par Leopoldo Bruglia) y el desempate de Eduardo Farah.
Los empresarios y Echegaray, para Farah y Ballesteros, no deben estar procesados por defraudar al Estado por no pagar al fisco $ 8.000 millones correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) durante el último gobierno de Cristina Kirchner -fondos con los que financiaron el holding-, sino que consideraron que les cabe la acusación de "retención indebida de tributos", un delito propio del fuero penal económico.
En este punto, si bien en la Cámara de Casación no está en discusión la competencia del expediente, es decir si debe seguir en el fuero federal penal o si debe ir al Penal Tributario, fuentes judiciales señalaron a Clarín que "cualquiera podría mandarla, ya que dejaron en federal una causa con calificación de penal económico".
Ante este escenario, fuentes judiciales indicaron a Clarín que si en el medio de los requerimientos de elevación a juicio, y en caso de existir la posibilidad de que se cambie de fueron el expediente, no se "detiene el proceso de elevación, la Casación puede sortear para penal económico o federal ya que es el Tribunal superior de ambos fueros". Es el escenario menos probable de todos modos.
Junto con la modificación de la calificación penal, la resolución de la Sala I también redujo el embargo que se había trabajo a los acusados en la causa: de $ 17.000 millones que es la deuda que la AFIP calcula que Oil Combustibles SA – la firma que retuvo el ITC-, mantiene a la fecha por dicha maniobra, la Cámara impuso una medida cautelar por $ 8.700 millones.
Así y todo, la AFIP que la próxima semana realizará su pedido de elevación a juicio oral, según pudo saber este medio, lo hará bajo la acusación inicial, es decir: Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray defraudaron al Estado por $ 17.000 millones y que deben responder con sus respectivos patrimonios por dicha cifra.
La próxima semana el máximo tribunal del fuero federal comenzará a analizar la apelación de la AFIP que se opone a la modificación del delito atribuido y la reducción del embargo trabajo, y también ingresó la queja del fiscal ante la Cámara federal, Germán Moldes que pidió la prisión preventiva de los dueños del Grupo Indalo y de Echegaray.
El expediente
La causa inició con una denuncia de la diputada Elisa Carrió donde acusó al empresario K de no pagar al fisco el ITC, un impuesto incluido en el valor del combustible vendido por, en este caso, la firma Oil Combustibles SA que se encuentra con un concurso preventivo de acreedores abierto en el fuero civil y comercial.
El juez Ercolini inicialmente, después de tomar las indagatorias consideró que se estaba ante un delito propio del fuero penal económico y se declaró incompetente, pero fue la Cámara de Casación la que le dijo que debía investigarse la maniobra como un hecho de corrupción.
Meses después, el 19 de diciembre procesó por defraudación al Estado a los tres acusados y ordenó la prisión preventiva de López y De Sousa considerando que habían realizado maniobras tendientes a violar la inhibición general de bienes dictada sobre las empresas al intentar vender el Grupo Indalo.
Fue la Sala I la que ordenó hace pocas semanas la liberación del empresario K y su socio y la modificación del delito. El juez Ercolini está decidido a que el expediente marche hacia la próxima instancia lo más rápido posible y que López y De Sousa junto a Echegaray enfrenten un juicio oral y público por la maniobra que le permitió retener $ 8.000 correspondientes al ITC.
