La UIA preocupada por la "injerencia estatal" en la "gestión empresaria"

La entidad recordó que cuando se estableció el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones las empresas privadas se abrieron a financiar las inversiones de las AFJP colocando títulos en el mercado. Aquella colocación tenía limitaciones con respecto al voto de las antiguas administradoras de jubilaciones en las decisiones empresarias.
Según Infobae, esa limitación “se traducía en la especial preocupación del Estado Nacional por impedir que aquellas compañías intentaran controlar directa o indirectamente el gobierno de las sociedades objeto de sus inversiones”, recordó la UIA.
Al estatizarse el sistema jubilatorio a través de la ley 26.425 que impulsó el Gobierno, se produjo la transferencia de los “activos, derechos y obligaciones que tenían bajo el régimen anterior las AFJP”, manteniendo las limitaciones sobre la capacidad de voto y de tomar decisiones en los directorios de las compañías.
“Esa fue una condición esencial negociada en el Congreso de la Nación para lograr la sanción de la ley”, advirtieron los industriales.
Según recordaron los empresarios, esa posición fue explicada por el propio director del Anses, Diego Bossio, durante su exposición en las comisiones del Congreso para respaldar la iniciativa que había girado la Casa Rosada.
La UIA indicó que el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial busca “justificar la eliminación de las limitaciones impuestas” en el antiguo régimen de las AFJP, al indicar que la “ANSES debe hacer valer su tenencia en igualdad de condiciones con el resto de los inversores, con el objeto de garantizar el conocimiento pleno del accionar de las sociedades en las cuales participa, resguardando los intereses y la preservación de los activos del fondo de afectación específica”.
“Este argumento tergiversa la realidad, ya que la restricción anteriormente citada no impidió ejercer los derechos de fiscalización, primero de las AFJP y luego de la ANSES, por cuanto la limitación del 5% tiene su razón de ser en que ese es el porcentaje mínimo de tenencia accionaria previsto por la Ley de Sociedades Comerciales para que un accionista pueda ejercer todos los derechos que la ley otorga para defender la administración de sus activos, brindando por lo tanto la adecuada protección a quienes aportan al sistema de jubilaciones y pensiones, asegurando así esta parte del capital que acumularon con su esfuerzo de años”, argumentó la UIA.
Para los industriales resulta, además, “llamativo” el cambio de postura del Gobierno, teniendo en cuenta “el fuerte impacto” que la medida puede llegar a tener en las compañías y, sobre todo, que la medida haya sido resuelta a través de un decreto de necesidad y urgencia y no con una ley.
“Las acciones en cartera de las AFJP se transfirieron a la ANSES entre diciembre del 2008 y enero de 2009, por lo cual, inexplicablemente en los considerandos del decreto se argumenta que existe una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos porla Constitución Nacional para la sanción de las leyes, y en base a ello, justificar el dictado del decreto 414/11”, advirtió el comunicado de la UIA.
Los empresarios agrupados en la entidad que conduce José Ignacio de Mendiguren se manifestaron también sobre las declaraciones de “importantes dirigentes sindicales” que solicitaron participación en los directorios de las empresas en las cuales el Gobierno intentará ampliar su representación.
Este mediodía, Juan Carlos Schmid declaró que los gremialistas se consideran “con derechos” para exigirle al Gobierno que confíe en hombres de la CGT para representar al Estado en las compañías privadas.
Estas manifestaciones “junto a proyectos que promueven la cogestión sindical de las compañías no hacen más que aumentar la incertidumbre sobre el efecto final de este tipo de medidas”, describieron los empresarios que se reunieron esta tarde a analizar el nuevo decreto.
“En virtud de los argumentos anteriormente expuestos, la Unión Industrial Argentina solicita se revea la medida adoptada, reiterando que dentro del marco jurídico y de control que todo Estado debe ejercer, la promoción de la actividad empresaria privada es una de las claves del progreso de nuestro país”, completó.