Bajo Flores: Pese a la orden de desalojo, los oKupas se resisten

Un centenar de personas se resiste desde temprano a abandonar algunas veredas y predios ocupados en la zona del Bajo Flores sobre los que rige una orden de desalojo.
Este jueves 28/04 y pese a la negativa de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, de que intervenga en el conflicto la Federal, esa fuerza y personal de Gendarmería se hicieron presentes en el lugar, donde un centenar de familias permanece instalada en casillas precarias.
Según fuentes de Gendarmería, unos 160 efectivos se encuentran en los predios sólo para brindar apoyo a la Federal, siendo que esta última es la encargada de entablar las negociaciones con las familias.
"Si nos quieren sacar, va a pasar lo mismo que en el Indoamericano", advirtieron a la prensa vecinos de la zona. Mientras otros amenazaron con tomar otro lugar en caso de no obtener una vivienda.
Consultada sobre la posición del gobierno porteño frente a este caso, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal reiteró en declaraciones a ‘Radio 10’ "que no se les otorgará una vivienda definitiva", aunque adelantó que les brindarán alojo a aquellas personas que no tengan adónde ir en el Centro de Refugio que posee la ciudad.
Según informa el diario ‘La Nación’, la jueza en lo penal y contravencional porteña Claudia Alvaro ordenó a la Policía Federal y a la Gendarmería Nacional que liberen las veredas del Colegio Marianista y de otros predios, como la Asociación Atlética Argentinos Juniors, usurpadas por familias que habitan en casillas precarias.
Sin embargo, Garré, responsable de las fuerzas federales de seguridad, adelantó anoche que no acatará la orden judicial, tal como ocurrió anteriormente en el mismo expediente.
Según consignó Urgente24, la magistrada a cargo del caso había determinado este operativo en febrero pasado, pero el Gobierno evitó prestar colaboración y el defensor oficial apeló la decisión. Ocurre que hace diez días, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó el fallo de primera instancia y ordenó a la jueza que fijara la fecha del procedimiento, para el que debía convocar a las fuerzas federales y no a la Policía Metropolitana, que había demostrado su incapacidad operativa en el expediente judicial.
El desalojo tiene como objetivo recuperar el espacio público de las aceras de la avenida Riestra, entre Lafuente y Portela, y de esta última, entre Castañares y Riestra, en el Bajo Flores. Los camaristas entendieron que "si las calles son bienes de dominio público y, como tal, todos los habitantes son titulares del derecho de uso común, en modo alguno pueden uno o más de ellos arrogarse un poder sobre esos bienes que restrinja el derecho de los demás".