Oyarbide debe decidir si acepta a Hebe de Bonafini como querellante

Norberto Oyarbide deberá resolver si acepta a las Madres de Plaza de Mayo como querellante y los allanamientos solicitados por el fiscal Jorge Di Lello, quien amplió el viernes pasado la acusación a empresas, financieras y casas de cambio y pidió que sean allanadas a partir de su presunta vinculación con los cheques destinados al pago de las construcciones, para determinar si fueron desviados para la compra de bienes que usufructúa Sergio Schoklender.
El fiscal no solicitó detenciones ni llamados a indagatorias, lo que descartó que ocurra por el momento.
En declaraciones radiales, Di Lello dijo ayer que "no tiene sentido llamar a (declaración) indagatoria" a alguno de los investigados, porque "sería una vulneración" de sus garantías "o un acto infundado" mientras se busca la prueba de acusación.
Oyarbide deberá resolver si hace lugar a los allanamientos requeridos por el fiscal y continuará con el análisis de toda la documentación que fue secuestrada la semana pasada en las sedes de la fundación, la universidad y la imprenta de las Madres de Plaza de Mayo, indicaron fuentes allegadas a la causa.
El expediente continúa bajo el secreto de sumario, que vence esta semana y que podría ser extendido por el juez.
El magistrado también debe pronunciarse sobre el pedido de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, para que la entidad sea considerada querellante en la causa, lo que solicitó luego de denunciar a los Schoklender por asociación ilícita y por considerar que la organización fue damnificada por el accionar del ex apoderado.
Al respecto, el fiscal consideró que la Fundación Madres de Plaza de Mayo "puede ser considerada, en primera instancia, parcialmente víctima" de un delito.
Los hermanos Schoklender y otras siete personas, vinculadas todas mediante empresas, están siendo investigadas por supuesta malversación de fondos públicos del "Plan Federal de Viviendas", destinados a las Madres de Plaza de Mayo.
Paralelamente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi investiga los contratos firmados entre gobiernos provinciales y municipales con las Madres para erigir viviendas sociales.