Uruguay podría permitir la inspección en Botnia

MONTEVIDEO.- La propuesta de monitorear el funcionamiento mismo de la planta de UPM (ex Botnia) en el interior había sido tajantemente rechazada por el gobierno uruguayo hace un tiempo, pero luego el propio canciller Luis Almagro abrió una posibilidad a su consideración.
Ni sí ni no, pero más abierto que a la primera respuesta que había sido terminantemente negativa. En una entrevista con Canal 12 hace unos días, Almagro dijo que sólo se aceptaría un monitoreo del funcionamiento de Botnia si así estuviera estipulado en el fallo de la Corte de La Haya. Y cuando le preguntaron si el texto judicial así lo indicaba, dijo que los servicios técnicos no habían terminado de analizarlo. Además, usó el ejemplo de frigoríficos que exportan a EE.UU. y a Europa, y que técnicos de esos países inspeccionan las plantas por dentro.
La postura de siempre es que el monitoreo debe realizarse sobre los efectos en la zona compartida, las aguas del río, el ambiente zonal, pero no sobre la producción de una fábrica instalada en uno de los países. Pero la Argentina ha insistido en el pedido de inspeccionar dentro de UPM.
A nivel político, hay un rechazo firme a esa posibilidad. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez se consideró que era un problema de soberanía y que era innegociable. En Cancillería, a nivel técnico, han considerado que el planteo no es de recibo. Pero a nivel político, si eso permite asegurar el libre tránsito y en medio de una sallida consensuada con la asamblea de Gualeguaychú, la propuesta se ve con simpatía.
Según fuentes del gobierno, no hay una posición predeterminada, pero lo cierto es que no se insiste en la primera respuesta del gobierno de José Mujica, que era de rechazo total. Los informantes dijeron que a Mujica le importa mucho más que la liberación del corte, que eso se haga en forma pacífica y de la forma más amistosa posible entre los pueblos de las dos orillas del río Uruguay
Fray Bentos
Paralelamente, la denuncia del gobierno argentino contra los líderes del bloqueo del puente General San Martín tuvo un efecto carambola en ese rincón fronterizo que es epicentro del diferendo entre los dos países.
La intendencia del lado oriental y los comerciantes uruguayos de Fray Bentos que se han visto perjudicados por el corte de ruta decidieron ayer iniciar contactos con estudios jurídicos para sumarse a la denuncia, pero no con efectos penales, sino para reclamar reparación por daños y perjuicios.
Daniel Fernández, despachante de aduana que ofició de vocero del grupo, dijo a LA NACION que fue la semana pasada cuando decidieron reunirse para "considerar la viabilidad de hacer el juicio contra los que cortan el puente" y que para eso buscaron el apoyo del intendente electo del departamento de Río Negro, Omar Lafluf.
El propio Lafluf aclaró anoche que no sólo respaldan a los comerciantes, sino que también el propio Gobierno Departamental evalúa la posibilidad de integrarse a la denuncia por el daño al turismo de la zona, sobre lo que el municipio recaudaba un flujo de dinero significativo que perdió por el conflicto.
"Nos aclaró el panorama, porque nos abrió el camino y los ojos", declaró anoche el vocero de los damnificados fraybentinos, sobre la denuncia impulsada por la presidenta argentina Cristina Kirchner. "Y ahora es una oportunidad para subirnos al carrito ese [de la denuncia] para reclamar judicialmente por todo lo que nos han perjudicado en este tiempo", añadió el comerciante.
"Nosotros estuvimos acompañando a los trabajadores que se vieron afectados", dijo Lafluf.