Amnistía Internacional solicitó que la Secretaría de Derechos Humanos condene los atropellos ocurridos en Formosa

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Amnistía Internacional solicitó hoy a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que condene las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Formosa y que agote todos los medios a su alcance para revertir la grave situación a partir de las medidas desproporcionadas para combatir la pandemia provocada por el COVID-19 en la provincia.

A través de una carta dirigida al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, la organización reiteró su preocupación por la gravedad de las denuncias de las personas afectadas, luego de la visita de la misión nacional, en la que se recorrieron centros de aislamiento. En ese sentido, enfatizaron que los hechos denunciados demuestran “una grave afectación” del derecho a la salud, a la integridad física y mental, a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal, a la privacidad e intimidad, y a recibir un trato digno.

“El Gobierno nacional no debe convalidar una política que expone a las personas a situaciones de encierro compulsivo y arbitrario, y a otras violaciones a sus derechos. El mandato de la Secretaría de Derechos Humanos consiste en la promoción y protección de los derechos humanos; por eso, debe ser absolutamente respetuosa de las denuncias recibidas de los propios afectados y actuar en consecuencia, sin excusas”, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

El secretario Pietragalla descartó las denuncias por violaciones a los derechos humanos

El gobierno de la provincia de Formosa dispuso la cuarentena involuntaria y obligatoria en Centros de Atención Sanitaria (CAS) como política sanitaria. Por su naturaleza, los mecanismos a través de los cuales se implementó la cuarentena compulsiva constituyeron una privación de la libertad de facto en condiciones insalubres por tiempo indeterminado y de manera arbitraria.

Según detalla Amnistía Internacional, “entre las denuncias, surgen testimonios de personas que sufrieron y sufren el aislamiento de manera compulsiva en establecimientos que, por sus condiciones, las expusieron al contagio. Además, los plazos del aislamiento no fueron debidamente determinados, durando incluso más de 30 días, y las personas registraron una falta de acceso a los resultados de sus testeos de COVID-19 e información precisa sobre su situación de salud”.

“Una política sanitaria nunca es exitosa si implica el avasallamiento de los derechos humanos. La vulneración de derechos no puede ser una alternativa en un país respetuoso de sus compromisos internacionales. El cumplimiento de los derechos humanos no es un obstáculo para combatir al COVID-19 sino, por el contrario, es el marco que asigna legitimidad, legalidad y eficacia a las acciones de gobierno”, plantearon en un comunicado oficial.

La respuesta oficial

En esa línea, agregaron que los testimonios y la información aportada por Anmistía Internacional “será incluida en el análisis”. El Secretario Horacio Pietragalla también se puso a disposición del organismo “para coordinar un encuentro”.