Fuertes críticas de los especialistas a los cambios en el Código Procesal Penal que benefician a funcionarios corruptos
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). La decisión de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal de poner en vigencia seis artículos del nuevo Código Procesal Penal activó a los especialistas en derecho que sospechan que esta jugada beneficiará a ex funcionarios kirchneristas en distintas causas por casos de corrupción. Leen en el movimiento un posible beneficio para la vicepresidenta Cristina Kirchner y su situación procesal en los expedientes en su contra.
Además hay unanimidad de los especialistas sobre que los procesos judiciales se harán mucho más largos.
El punto más polémico de la reforma es el que plantea que las sentencias solo pueden ejecutarse cuando la Corte Suprema se pronuncie luego de revisar una causa. Otro de los detalles que aparece como aparentemente dudoso es la posibilidad de reabrir una investigación ya cerrada en el caso de que algún organismo internacional cuestione el proceso judicial.
En tanto, para el constitucionalista Daniel Sabsay, la decisión de esta implementación es “escandalosa y absurda”. “Sólo modificando la Constitución se podría poner en marcha este mamarracho –dijo en declaraciones radiales–. Espero que esto haga surgir planteos de inconstitucionalidad. Los fiscales deberían actuar. Esto va a llegar a la Corte y no tengo dudas de que lo va a declarar inconstitucional”.
Por su parte, Alejandro Fargosi consideró que la decisión del kirchnerismo “es una vergonzosa consolidación de una impunidad absoluta”. “Si una sentencia no se puede ejecutar hasta que la Corte la confirme, olvidémonos del sistema penal. Todo será apelado, todo tardará años y cuando llegue la sentencia de Corte, será inaplicable. Mientras, los delincuentes seguirán delinquiendo”, destacó.
“Si los fallos, incluso de la Corte, deben ser revisados cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos los contradiga, se terminó el Poder Judicial. Además esa ‘Corte’ está integrada por jueces designados por los gobiernos, que no han pasado por el sistema argentino de selección. Si los fallos no están firmes hasta que la Corte lo decida, implica que los fallos se presumen ilegítimos hasta que su legitimidad no sea convalidada por la Corte”, aseguró Fargosi.
Como antecedente, en noviembre de 2019 la comisión bicameral puso en vigencia el articulado que ponía límites a las prisiones preventivas. Eso derivó, por ejemplo, en que recuperaran la libertad ex funcionarios como De Vido o su mano derecha Roberto Baratta, detenidos por la causa de los cuadernos.
Esta mañana el Frente de Todos activó artículos del Código Procesal Penal que permiten revisar condenas firmes y establecen que los condenados cumplen la condena una vez agotadas todas las instancias judiciales, lo cual podría beneficiar a ex funcionarios detenidos.
Esos apartados de la norma comenzarán a tener vigencia a partir de la semana que viene. A excepción de Salta y Jujuy, el nuevo Código Procesal Penal Federal, que fue aprobado en 2014 en el Congreso, todavía no entró en vigencia en su totalidad, aunque el Gobierno fue activando distintos artículos del texto.
Al justificar la decisión, remarcó que el objetivo es “evitar que se generen situaciones de desigualdad ante la ley para los justiciables, así como un impacto diferencial en litigios seguidos contra el Estado argentino en organismos supranacionales”.
El texto lleva las firmas de los legisladores que integran la Comisión Bicameral: los senadores Anabel Fernández Sagasti, María de los Ángeles Sacnun, Roberto Mario Mirabella, María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, y los diputados Lucas Godoy, Carlos Gutiérrez, Martín Soria y Marisa Lourdes Uceda
