Ley de Glaciares: Milei frena el debate en Diputados ante la falta de votos y la presión minera
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). La reforma de la Ley de Glaciares enfrenta trabas en el Congreso por falta de consenso político y presión ambientalista.
El debate por la modificación de la Ley de Glaciares ha entrado en una fase de incertidumbre total. Tras el impulso inicial del Gobierno para flexibilizar la normativa vigente y favorecer las inversiones extractivas, el oficialismo ha decidido dilatar el tratamiento en la Cámara de Diputados. Esta estrategia responde a una realidad matemática ineludible: hoy no cuentan con los votos necesarios para asegurar la sanción de la ley.
El dilema de los votos: ¿Por qué se estancó la reforma?
A pesar de la intensidad con la que el Ejecutivo promovió los cambios en el inventario de glaciares y el área periglacial, la resistencia en el Congreso ha crecido. Los bloques aliados, que en otros temas han mostrado cohesión, presentan fisuras internas cuando se trata de recursos naturales.
Varios diputados de provincias que no tienen actividad minera directa temen el costo político de votar una ley percibida como un “retroceso ambiental”. Por otro lado, los legisladores de provincias cordilleranas exigen mayores garantías de que la autonomía provincial sobre los recursos, respaldada por la Constitución Nacional, no sea vulnerada por la nueva reglamentación.
El factor minero y el RIGI en la balanza
El corazón de la reforma busca redefinir qué se considera ambiente periglacial. Para el sector minero, la ley actual es “excesivamente restrictiva” y bloquea proyectos de cobre y oro que podrían generar miles de millones de dólares en exportaciones.
Seguridad Jurídica: Las empresas exigen un marco claro antes de realizar las grandes inversiones prometidas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Productividad vs. Conservación: El oficialismo argumenta que la protección debe centrarse solo en los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica vital, liberando áreas que consideran “estériles” para la explotación.
Presión social y riesgo de judicialización
Mientras el oficialismo gana tiempo para negociar con los gobernadores y los “bloques dialoguistas”, las organizaciones ambientales han intensificado su lobby en los pasillos del Congreso. El principal argumento es que cualquier cambio que reduzca el estándar de protección actual violaría el principio de no regresión en materia ambiental, lo que dispararía una ola de amparos y juicios que terminarían en la Corte Suprema.
Esta dilación sugiere que, a menos que el Gobierno logre una concesión importante de las provincias o modifique los puntos más polémicos del articulado, la Ley de Glaciares seguirá en el “freezer” legislativo, dejando en suspenso tanto las promesas ambientales como las expectativas económicas del sector minero.
