El loquero de las comisiones en la Cámara de Diputados (Ricardo Mangano, especial Aries Salta)

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). El Congreso parece un “loquero”, un manicomio. Diputados que no son erudictos en determinados temas de la política argentina fueron elegidos como presidentes de comisiones importantes, sólo por el hecho de ser libertarios y levantamanos del gobierno del presidente Javier Milei. Tal es el caso del diputado salteño, Carlos Zapata, quien será el nuevo presidente de la Comisión de Defensa, considerada de gestión y estratégica en la Cámara de Diputados de la Nación. La designación de Zapata se dio incluso cuando este año esa comisión tendrá la característica de que tres ex ministros de Defensa; los kirchneristas Agustín Rossi y Jorge Taiana y el libertario Luis Petri., forman parte de la misma.

Menos mál que el kirchrismo designo a en la vicepresidencia primera a la diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, que de Defensa sabe y mucho y que enseguida le marco la cancha al diputado salteño. Propato, sugirió que la Comisión de Defensa , es considerada estratégica porque debe tratar los proyectos sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la situación de Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que fue disuelta por el gobierno tras una severa crisis financiera. Son 600 mil afiliados con un pasivo de 200 millones de dólares.

Ademas Agustina Propato expresó duras críticas sobre la situación de las Fuerzas Armadas y cuestionó a Javier Milei por sus declaraciones y decisiones en materia de defensa.

Carlos Zapata es un contador público y dirigente político de la provincia de Salta . Es una de las figuras clave de la derecha liberal en el norte argentino y un aliado estratégico del oficialismo nacional. Referente de “Ahora Patria”: Es el principal referente de este partido provincial en Salta, espacio que fundó junto al exdiputado Alfredo Olmedo. Eso si, de defensa no sabe nada, pero como contador, tuvo un rol protagónico en la discusión de la reforma fiscal. Fue uno de los encargados de explicar y defender la vuelta del Impuesto a las Ganancias, el impuesto a los trabajadores y las modificaciones en Bienes Personales, bajandole impuesto a los ricos argumentando que son medidas necesarias para alcanzar el equilibrio fiscal.

Juicio Político

Por otro lado, la diputada libertaria Lilia Lemoine fue designada en la presidencia de la Comisión de Juicio Político. AQntes de ser diputada. Lemoine fue una de las figuras más reconocidas del cosplay en Argentina, conocida bajo el seudónimo de “Lady Lemon”. Se profesionalizó en esta área pasados los 30 años, dedicándose a la fabricación de trajes, seminarios y participando en convenciones internacionales. Tambien fue la encargada del estilismo, maquillaje y peinado de Javier Milei durante su campaña, ayudando a consolidar la estética visual del actual presidente. Sabra algo Lemoine de analizar las denuncias contra los funcionarios sujetos a juicio político como el Presidente, Javier Milei?. Sabra Lemoine sobre dictaminar la apertura de la investigación de los pedidos de juicio político . Cabe consignar que el presidente Javier Milei cuenta actualmente con 6 pedidos de juicio político, impulsados por Juan Marino, Agustina Propato, Aldo Leiva, Germán Martínez, Esteban Paulón y dos presentados por Vanina Biasi.

La diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley presentó  un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz. La presentación apunta principalmente a la actuación del magistrado en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, pero ocurre mientras tramita en la Corte el per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli por los traslados anulados por el Senado de la Nación.

Aquí, repasamos algunas preguntas y respuestas sobre esta vía de destitución de funcionarios públicos.

¿Qué es el juicio político y contra quiénes se hace?

El juicio político es el método de remoción de las máximas autoridades del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación, a diferencia del juicio político de los jueces inferiores a la Corte, cuya remoción está a cargo del Consejo de la Magistratura luego de que se creara ese organismo en la reforma constitucional de 1994.

¿En qué consiste y cuáles son las causales de juicio político?

El juicio es político y, por eso, su desenlace tiene sólo consecuencias de ese tipo: su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Así lo sostiene el artículo 60 de la Constitución: “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. La responsabilidad penal del funcionario, sostiene este artículo, queda a cargo de los tribunales ordinarios.

¿Quién decide y cómo es el procedimiento?

La Constitución establece que la Cámara de Diputados es quien ejerce la acusación, con una mayoría de dos tercios de los presentes, ante el Senado, que con la misma mayoría juzga al acusado por Diputados. Antes de eso, el pedido de juicio político, que puede ser presentado por un funcionario o por un particular, debe ingresar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

En la Comisión se decide qué denuncias son admisibles y cuáles no. Recién cuando se considera admisible la denuncia, esa Comisión inicia un sumario que puede incluir la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado. Concluida la investigación, la Comisión debe emitir dictamen, con la mitad más uno de los miembros presentes, para que se desestime o se inicie el juicio político en la Cámara de Diputados.

Si los dos tercios de la Cámara baja aprueba el dictamen, la misma Cámara debe elegir a uno o dos diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. La Cámara alta, por su parte, decidirá por dos tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia durante este proceso.

¿Qué antecedentes existen?

La institución del juicio político no es una herramienta muy utilizada en la Argentina. Si bien existen muchas denuncias realizadas en las últimas décadas, la mayoría queda archivada en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. “Para impulsar un juicio político necesitás una mayoría agravada y un consenso difícil de alcanzar”, señaló Gil Domínguez.

La Comisión registra poca actividad en los últimos años. En casi todos los casos, se reúne únicamente para la designación de nuevas autoridades. Según consta en la web de la Cámara de Diputados, la última vez que la Comisión dio tratamiento en profundidad a un expediente fue a mediados de 2015.

En aquella oportunidad, el Frente para la Victoria impulsó una investigación para “evaluar la capacidad psicofísica” del ex ministro de la Corte Carlos Fayt, que en ese entonces tenía 97 años. Si bien llegó a tratarse en Comisión (se creo una subcomisión para analizar el caso), el expediente no prosperó y Fayt renunció en diciembre de ese año.

Si bien tiene poca actividad, la Comisión, recibió más de 200 denuncias desde 1999. En casi la totalidad de los casos, la causal elegida por los denunciantes es la de mal desempeño en el ejercicio de las funciones.

En  2020, se presentaron 3 pedidos de juicio político: 3 contra la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; y el presentado por Siley contra Rosenkrantz.

Durante su Presidencia, Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos) recibió 7 pedidos de juicio político, pero ninguno prosperó. El ex presidente Mauricio Macri (Cambiemos) recibió 2 pedidos. El actual mandatario, Alberto Fernández (Frente de Todos), no recibió ningún pedido de juicio político durante su mandato, pero sí en 2005, cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Uno de los más denunciados es el ex vicepresidente Amado Boudou (Frente para la Victoria). En total, recibió 25 pedidos de juicio político. De la gestión de Cambiemos, la funcionaria más denunciada fue la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con 8 presentaciones, siempre según datos oficiales del Congreso.

La última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue cuando se inició el cambio de la Corte Suprema en el comienzo del gobierno de Kirchner, que impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces del máximo tribunal que había conformado Carlos Menem: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. Sin embargo, Nazareno, López y Vázquez renunciaron durante el proceso de enjuiciamiento para evitar la destitución.

Moliné O’Connor fue destituído en diciembre de 2003. La Cámara de Diputados lo había acusado por 9 cargos y el Senado alcanzó la mayoría necesaria de dos tercios de los presentes en 2 de esas 9 acusaciones. No alcanzó esa mayoría, sin embargo, para dictar la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El último caso se dio en 2005. En septiembre de ese año, el Senado destituyóo a Boggiano. En este caso, se alcanzó la mayoría en 6 de las 14 acusaciones por corrupción y además se resolvió la inhabilitación por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos.