La oposición busca blindar los incentivos fiscales en discapacidad
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Diputados opositores buscan frenar el recorte oficialista que elimina beneficios impositivos para empresas que contratan a personas con discapacidad en Argentina.
En un escenario de creciente tensión legislativa, el bloque de la oposición ha movido sus fichas para intentar neutralizar uno de los puntos más polémicos de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo: la eliminación de los incentivos fiscales para la inclusión laboral. El diputado nacional por San Juan, Cristian Andino (Unión por la Patria), encabezó la presentación de una iniciativa que busca no solo preservar los beneficios vigentes, sino transformar el paradigma de la empleabilidad en el sector privado.
El proyecto de ley, que ya cuenta con el acompañamiento de legisladores como Jorge Chica, Nancy Sand y Gabriela Pedrali, surge como respuesta directa al plan del oficialismo de suprimir las exenciones y créditos fiscales para aquellas empresas que integran personas con discapacidad a sus plantas permanentes. Según los impulsores, la medida del Gobierno Nacional representaría un retroceso histórico en materia de derechos sociales.
Responsabilidad Social y obligaciones empresarias
El texto presentado en la Cámara de Diputados propone que la inclusión deje de ser una acción meramente voluntaria o asistencialista para convertirse en un componente estratégico de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). La iniciativa estipula que todas las personas jurídicas y humanas que desarrollen actividades económicas en el país adopten medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades.
“Buscamos pasar de la promoción voluntaria a una responsabilidad compartida que garantice condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo”, reza el documento. El proyecto contempla además adaptaciones específicas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), entendiendo que el tejido productivo requiere de un acompañamiento estatal diferenciado para sostener estas políticas de integración.
El conflicto por las pensiones y la autonomía económica
Uno de los pilares fundamentales de la propuesta opositora es la protección de la autonomía económica del colectivo. El proyecto de Andino establece que el acceso a un empleo registrado no debe implicar, bajo ninguna circunstancia, la pérdida de la pensión por discapacidad. Este punto colisiona de frente con la intención oficialista de vincular ambos ingresos, lo que, según especialistas, desalienta la búsqueda de trabajo formal por temor a perder la cobertura de salud y el ingreso básico de seguridad social.
Actualmente, las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad, y Presupuesto y Hacienda tienen en sus manos el tratamiento de esta norma. Mientras el Gobierno argumenta la necesidad de un reordenamiento fiscal y un reempadronamiento para evitar fraudes, la oposición y diversas ONG denuncian un desfinanciamiento encubierto del sistema de prestaciones que afecta a millones de ciudadanos.
La batalla legislativa por la Ley de Discapacidad promete ser uno de los ejes centrales de la agenda política de mayo, en un contexto donde los datos de desempleo en el sector alcanzan niveles críticos y la protección estatal se encuentra bajo revisión permanente.
