El Gobierno pidió retirar el pliego de una candidata a jueza por ser pariente de un periodista
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). La Casa Rosada frenó la designación de María Verónica Michelli y en la oposición denuncian represalias políticas por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon
El gobierno de Javier Milei quedó envuelto en una fuerte polémica política y judicial tras solicitar formalmente al Senado el retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, en una decisión que distintos sectores interpretaron como una represalia vinculada a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.
La medida fue oficializada mediante una nota firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, enviada a la Cámara alta para dejar sin efecto la postulación de Michelli, cuyo pliego ya había obtenido respaldo suficiente dentro de la Comisión de Acuerdos del Senado.
El vínculo con Hugo Alconada Mon desató la controversia
La principal objeción que circuló dentro del oficialismo apunta al vínculo familiar de la magistrada con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, reconocido por investigaciones periodísticas sobre el caso $LIBRA y distintas publicaciones vinculadas a funcionarios nacionales y figuras cercanas al poder libertario.
Michelli es cuñada del periodista y, según trascendió en ámbitos parlamentarios, esa situación habría generado resistencia dentro de sectores cercanos a la Casa Rosada, particularmente en el núcleo político que responde a Karina Milei y Santiago Caputo.
La decisión provocó fuertes cuestionamientos en el Senado, donde legisladores opositores y algunos aliados consideran que se trata de un antecedente grave para la independencia judicial y la libertad de prensa.
La Comisión de Acuerdos ya había avanzado con el pliego
El caso tomó mayor dimensión porque el pliego de Michelli ya había reunido nueve firmas en la Comisión de Acuerdos, número suficiente para quedar habilitado para su tratamiento en el recinto. Sin embargo, el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, evitó avanzar con el dictamen final.
La postura de Pagotto generó malestar entre varios senadores que ya habían respaldado la candidatura y que ahora deberán definir si acompañan o no el pedido de retiro impulsado por el Poder Ejecutivo.
Dentro de la Cámara alta advierten que la maniobra podría abrir un nuevo conflicto institucional entre el Gobierno y sectores del Senado, especialmente en medio de las tensiones existentes por los nombramientos judiciales y el control político sobre la Justicia federal.
El Gobierno acelera cambios en la Justicia
La controversia ocurre mientras el oficialismo impulsa una amplia reestructuración judicial y acelera el envío de pliegos para cubrir vacantes en tribunales federales y nacionales. Según datos oficiales, actualmente más del 36% de los cargos judiciales permanecen vacantes en todo el país.
En las últimas semanas, el Ministerio de Justicia avanzó con más de 100 postulaciones entre jueces, fiscales y defensores oficiales, en una estrategia que el Gobierno presenta como parte de un plan para “normalizar” el funcionamiento del Poder Judicial.
Sin embargo, distintos sectores judiciales y políticos vienen denunciando criterios discrecionales en la selección de candidatos y fuertes interferencias políticas en los procesos de designación.
Crecen las críticas por posibles represalias políticas
El caso Michelli sumó nuevas críticas hacia la administración libertaria por presuntas presiones sobre periodistas, magistrados y dirigentes considerados críticos del oficialismo.
Referentes opositores sostienen que retirar un pliego judicial por razones familiares o vínculos personales representa un precedente preocupante para el funcionamiento institucional y la independencia de poderes.
Mientras tanto, el Gobierno intenta contener el costo político del episodio y evitar que el conflicto escale dentro del Senado, donde necesita acuerdos para avanzar con buena parte de su agenda judicial y legislativa.
