La Provincia de Buenos Aires imputa a Mercado Libre por cláusulas abusivas
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político) El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha lanzado una ofensiva regulatoria contra el gigante del comercio electrónico, Mercado Libre. Tras una exhaustiva fiscalización de oficio, la cartera que conduce Augusto Costa imputó a la compañía fundada por Marcos Galperin por detectar más de diez cláusulas presuntamente abusivas en sus contratos de adhesión, una medida que podría derivar en una sanción económica histórica de hasta 1.815 millones de pesos.
El alcance de la investigación y las infracciones detectadas
La decisión del gobierno bonaerense surge de una auditoría profunda sobre los términos y condiciones del ecosistema de Mercado Libre y sus servicios financieros. Según lo informado por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, la empresa habría vulnerado la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (N° 24.240).
Entre los puntos más críticos que motivaron la imputación se destacan:
- Indeterminación en el cobro de tarifas: Falta de claridad en las comisiones aplicadas a usuarios y vendedores.
- Aceptación tácita de modificaciones: Cambios en los contratos realizados sin la notificación ni el consentimiento expreso del consumidor.
- Traslado de responsabilidad: Cláusulas que eximen a la empresa de responsabilidad ante el uso no autorizado de cuentas y en casos de fraudes o fallos de seguridad.
- Fijación de jurisdicción: Limitaciones geográficas que dificultan el derecho de los usuarios a litigar en su zona de residencia.
La compañía, que encabeza el ranking de denuncias en territorio bonaerense con casi 2.400 reclamos registrados entre enero y abril de 2026, tiene ahora un plazo perentorio de cinco días hábiles para presentar su descargo o proponer modificaciones sustanciales en sus términos contractuales.
¿Un pulso político o una cuestión técnica?
Esta medida se inscribe en un contexto de alta tensión entre la administración de Axel Kicillof y las grandes empresas tecnológicas. Fuentes del Ministerio señalaron que, si bien la empresa cuenta con instancias de defensa, la magnitud de la infracción detectada pone en jaque la arquitectura contractual que rige la operatoria diaria de millones de usuarios. Por su parte, la empresa sostiene que sus términos son “transparentes y alineados con la normativa vigente”, rechazando las acusaciones que, según trascendió, intentan equiparar esta disputa con otros conflictos previos del sector fintech.
Para los usuarios que deseen radicar reclamos, el gobierno provincial mantiene abierta la línea 148 (opción Defensa de las y los Consumidores) y la casilla de correo infoconsumidor@mp.gba.gov.ar.
