Escándalo en el Banco Nación: Los funcionarios bajo la lupa por créditos hipotecarios millonarios (Por Ricardo Mangano)
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). La justicia federal, bajo la dirección del juez Daniel Rafecas, ha iniciado una investigación penal que sacude los cimientos de la transparencia oficial. Se investiga la adjudicación de créditos hipotecarios por montos que superan los $400 millones a figuras clave de La Libertad Avanza y el Poder Ejecutivo.
La denuncia de Comodoro Py: ¿Privilegio o sorteo?
El sorteo en los tribunales de Retiro marcó el inicio de una causa que busca determinar si hubo tráfico de influencias o irregularidades en la asignación de préstamos del Banco Nación (BNA). Mientras miles de argentinos intentan acceder a la vivienda propia, una lista de funcionarios y legisladores vinculados al gobierno de Javier Milei ya figura en la Central de Deudores del BCRA con saldos millonarios.
Los nombres de la lista: De asesores de Caputo a diputados de LLA
La información, cruzada por el desarrollador Andrés Snitcofsky mediante la plataforma “¿Cuánto Deben?”, revela que al menos 9 integrantes del oficialismo acumulan deudas que, en conjunto, superan los $2.500 millones.
Entre los casos más resonantes se encuentran:
- Felipe Núñez: Director del BICE y asesor de Luis Caputo, con un crédito de $373.000.000.
- Federico Furiase: Secretario de Finanzas, quien registra una deuda de $367.059.000.
- Emiliano Mongilardi: Director de YPF, con un préstamo de $309.507.000.
- Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”): Director de Comunicación Digital, por $112.948.000.
- En el ámbito legislativo, los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde también aparecen con deudas que oscilan entre los $230 y $279 millones.
Un escándalo que ya se cobró un funcionario
El primer impacto concreto fue la salida del jefe de Gabinete de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La decisión dejó en claro que el tema dejó de ser manejable internamente y que el Gobierno busca contener el daño político.
La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, le pidió la renuncia a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi. Según pudo confirmar Infobae, la decisión se tomó de manera preventiva con el objetivo de aplicar los protocolos de la cartera ante la información de que el funcionario había tomado un crédito hipotecario en Banco Nación por $ 401 millones de pesos.
Pero el movimiento no alcanzó para cerrar la crisis. Por el contrario, dejó al descubierto una trama más amplia que involucra a distintas áreas del Ejecutivo.
Las miradas también apuntan hacia el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, en medio de una creciente presión para que el Gobierno dé explicaciones.
El punto más incómodo: créditos baratos en plena motosierra
El eje del conflicto no es solo quiénes accedieron a los créditos, sino en qué contexto. Mientras el Gobierno impulsa un fuerte ajuste, reducción del gasto y suba de tarifas, aparecen casos de financiamiento a tasas bajas para sectores vinculados al poder.
Esa contradicción es la que amplifica el costo político. La oposición ya habla de privilegios, pero el ruido más preocupante para el oficialismo viene desde adentro: sectores propios empiezan a marcar diferencias y exigir claridad.
Además, la polémica no se limita al Banco Nación. También se puso bajo la lupa el rol del Banco Central en posibles esquemas de financiamiento que habrían favorecido a determinados actores.
Piparo, el caso bonaerense que suma ruido
En medio del escándalo nacional, un episodio en la provincia de Buenos Aires agregó tensión política. La diputada Carolina Piparo canceló una deuda cercana a los 50 mil dólares al inicio del gobierno de Javier Milei.
Si bien el caso no es idéntico al resto de los investigados, su aparición en este contexto alimenta una narrativa incómoda para el oficialismo: la de beneficios económicos en paralelo al ajuste generalizado
Transparencia y datos públicos: El origen de la controversia
La polémica no surge de una filtración anónima, sino del análisis de datos públicos del Banco Central. El debate en redes sociales y la posterior denuncia judicial se centran en la capacidad crediticia y la rapidez con la que funcionarios con poco tiempo en la gestión pública accedieron a montos de tal magnitud, en un contexto de restricción económica para la clase media.
